Bogotá.

El Consejo de Estado de Colombia determinó que el Ministerio de Defensa y el ejército son responsables de tres ejecuciones extrajudiciales, razón por la que deberán pagar unos 825 mil dólares en total a las familias.

El alto tribunal dictaminó que el Estado es responsable de la muerte violenta de los jóvenes en una aldea del sur del país en febrero de 2008, cuando fueron asesinados por soldados, quienes los hicieron pasar como combatientes de grupos guerrilleros.

Esas ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como falsos positivos, son asesinatos de civiles por los militares, quienes luego presentan a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate. Esa práctica se extendió durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La suma estimada como indemnización deberá ser entregada a los familiares de los tres jóvenes, nacidos en la ciudad de Cali, al suroeste.

Según se comprobó en el expediente del caso, los jóvenes fueron engañados por un ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional que los invitó a desenterrar una guaca (tesoro escondido), que estaba supuestamente en una finca de la zona rural de Ibagué (sur).

Al llegar al lugar, los soldados los asesinaron. Acto seguido los presentaron como guerrilleros, sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño de la finca.

Finalmente, el tribunal ordenó que, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Jurídica del Estado, la decisión judicial sea conocida por el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.