Al no haberse aprobado en el Congreso de la Unión las reformas necesarias a la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), en algunas entidades de la República se están avalando normas que van en contra de los intereses de los ciudadanos, advirtieron organizaciones civiles de lucha contra el tabaquismo.

Un ejemplo es el caso de San Luis Potosí, donde hace unos días los diputados locales aprobaron una ley que, en opinión de grupos ciudadanos, no cumple con las medidas mínimas de protección de la salud establecidos en el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, el cual fue ratificado por México en 2008.

Al incluir diversos aspectos por debajo de los estándares tanto nacionales como internacionales, algunos sectores incluso han puesto en duda la constitucionalidad de la nueva legislación.

Al mismo tiempo, en Nuevo León, legisladores locales pretenden echar abajo una norma que busca determinar espacios libres de humo de cigarro, con tal de defender los intereses de la industria tabacalera con sede en esa entidad, lamentó Eduardo del Castillo, integrante de la organización Códice.

Los anteriores ejemplos son consecuencia directa de que la comisión de salud de la Cámara de Diputados haya sido omisa al cumplir con su responsabilidad de reformar la LGCT, pues desde octubre de 2015 ha tenido conocimiento de diversas propuestas para hacer que todo el país esté totalmente libre de humo de cigarro, pero no les ha dado cauce, indicó Erick Antonio Ochoa, del colectivo FIC México.

Dicha comisión legislativa “ha mantenido un desempeño deshonroso, ajeno a la salud pública de México. Su inacción con los ambientes libres de humo confunde a los congresos estatales, que por lo demás se ponen ‘creativos’ con enmiendas regresivas, inconstitucionales, o amenazan con reformas que socavan los avances” alcanzados hasta ahora, aseveró el activista.