El Consejo de Pastoral de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, expresó su profunda preocupación por la situación que prevalece y se agrava en la zona limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, donde se reportan más de 5 mil desplazados.

La agudización del conflicto tiene ya más de dos semanas y no vemos una acción eficaz de las autoridades para solucionar esta situación de emergencia humanitaria, para atender las necesidades inmediatas y solucionar de las causas, agregó en un comunicado.

Nos sorprende la impunidad con que actúan los grupos armados, al grado de que ni la policía ni el Ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población mediante el miedo, sostuvo.

El conflicto entre ambos municipios comenzó hace más de cuatro décadas, porque al ejecutar una resolución presidencial, la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria no respetó la colindancia natural e histórica marcada por un río, y se agravó el pasado 18 de octubre, cuando habitantes de Chenalhó asesinaron a balazos a Samuel Luna, de Chalchihuitán. El 29 del mismo mes fue herido a tiros Sebastián Ruiz Ruiz, también vecino de Chalchihuitán.

El pasado día 14, pobladores de Chenalhó abrieron una zanja en la carretera a la altura de la comunidad Las Limas para impedir el paso a habitantes de Chalchihuitán. Desde hace semanas se escuchan disparos de armas de fuego, lo que ha obligado a pobladores cercanos al área en disputa a abandonar sus casas. Según organismos civiles, más de 5 mil indígenas de Chalchihuitán están desplazados, al igual que más de 300 habitantes de Chenalhó.

El Consejo de Pastoral manifestó que los valores fundamentales de vida humana, justicia y paz, así como el respeto a las garantías fundamentales de los desplazados están siendo violados masivamente, particularmente los de niñas, niños, mujeres embarazadas y ancianos. A esta situación se suma, abundó, el peligro real de que derive en un enfrentamiento armado que tendría consecuencias gravísimas, a 20 años de la masacre de Acteal.

El gobierno estatal informó que aplicó medidas precautorias y cautelares para salvaguardar la integridad de la población, y estableció mesas de diálogo permanente con los alcaldes de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, en coordinación con funcionarios estatales y federales, para exhortar a ambas partes a que mantengan la calma y no caigan en provocaciones.