El gobierno federal acatará sin reservas la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) dicte dentro del juicio que abrió en torno a la denuncia de 11 mujeres que acusaron haber sido objeto de tortura sexual durante los operativos policiacos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.

Entrevistado en el Senado, luego de su participación en las Jornadas de Análisis del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, refirió que desde 2013, el Estado mexicano “reconoció que durante los operativos del 3 y 4 de mayo de hace 11 años, ocurrieron violaciones a los derechos humanos.

El gobierno mexicano hizo a las víctimas una oferta de reparación del daño integral, misma que no aceptaron, recordó.

La propuesta que las autoridades pusieron en la mesa fue entregar dinero a las afectadas, ofreció becas, pero nada respecto a la justicia, es decir, llevar a juicio y sancionar a los responsables de los ultrajes e investigar y sancionar la cadena de mando, señalan las afectadas.

En diversas conferencias de prensa ofrecidas en los últimos años, manifestaron: no queremos dinero, sino justicia. Que los policías responsables de haber cometido las violaciones sean encarcelados, así como quien ordenó ese operativo.

El subsecretario insistió en que el gobierno de México acatará, sin reservas, la sentencia que en su momento dicte la Coidh. Ahora todos estamos en manos de esa instancia. El país aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana desde 1998, y francamente es algo que está muy bien. Pensamos que el organismo, que no tiene elementos políticos, sino estrictamente jurídicos, habrá de llegar a una sentencia justa para todos.

Recordó que la Coidh no tiene plazo determinado para dar a conocer su veredicto.