Organizaciones internacionales llamaron al Congreso a rechazar una ley de seguridad interior que regule el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, lo cual, indicaron, sentaría un precedente negativo en América Latina, pues pondría en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que se han aprobado recientemente en el país.

Once organismos extranjeros liderados por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola!, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Robert F. Kennedy Human Rights, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifestaron su preocupación ante el avance de la ley de seguridad interior –que la Cámara de Diputados prevé discutir este jueves–, la cual militarizaría al país.

Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos a consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso continuo de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país. En el contexto de dicha estrategia hemos comprobado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo grupos militares, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos.

Por ello, exhortaron al Congreso a no aprobar este dictamen que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional.