“Mi trabajo era medido por tareas. Tenía que hacer 30 en un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

Antes de empezar la jornada sólo tomaba café. Todo el tiempo nos vigilaba un cabo; con insultos nos apuraba a realizar las cosas. No nos proporcionaron herramientas; con mis manos deshilvanaba las plantaciones de chile morrón. El sol era fuerte y no nos daban ninguna protección solar. Sólo una botella de dos litros de agua sucia para beber, lo que hacíamos porque el calor era insoportable. Si terminaba mi trabajo me daban de comer una ración de sopa y cada 15 días me agregaban un pedacito de carne. Si no concluía mis tareas a las cinco, no podía comer.

Así lo narró un jornalero originario de los altos de Chiapas que fue reclutado para trabajar en una granja agrícola de Nuevo León. Se trata de una de tantas historias documentadas por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, que ayer presentó una serie de casos de violaciones a las garantías básicas de miles de campesinos en el país.

La Red, integrada por nueve organizaciones de distintos estados, señaló que de acuerdo con datos oficiales, hay 12 millones de personas en México pertenecientes a familias que sobreviven del trabajo en el agro, y de éstas, un millón se han visto orilladas a migrar en el propio territorio nacional para laborar en regiones distintas a sus lugares de origen.

Muchas de ellas, se denunció, sufren diversas violaciones a sus garantías básicas, ya sea en el camino desde sus comunidades hasta los lugares de trabajo, como en los propios campos agrícolas: maltratos, labores forzadas, desapariciones masivas, muertes por falta de atención médica, detenciones de autoridades migratorias y torturas, además de que son víctimas de trata de personas, extorsión de policías, explotación, falta de alimentación, hacinamientos y carencia de servicios básicos, entre otros flagelos.

Junto con varios miembros de su familia, un joven jornalero tzotzil de Chiapas abordó un autobús de reclutadores que los llevaría a Guaymas, Sonora, donde les prometieron un redituable empleo en el campo. En el camino fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes los obligaron a hablar en español -no dominan la lengua–; por el color de su piel y su idioma originario, los consideraron centroamericanos.

Los condujeron a una estación en Querétaro, donde al indígena que da su testimonio lo torturaron, le propinaron toques eléctricos y otros maltratos para que firmara un documento en el que confesaba ser guatemalteco. Ante el suplicio y el miedo, el hombre aceptó ser indocumentado.

La Red también documentó varios casos de muertes de jornaleros e incluso de sus pequeños hijos, por falta de atención médica en los campos de cultivo. Uno de ellos declaró: Sólo pueden salir los que están realmente enfermos, los que se sienten mal no, pero si no trabajas el día, no te pagan.

Se acreditaron dos casos de desaparición masiva. El primero de 20 campesinos originarios de Xilitla, San LUis Potosí, que fueron enganchados para trabajar en Tamaulipas y que no se sabe de ellos desde marzo de 2015; el segundo es el de Alejandro Bautista, de la comunidad de Barrio del Valle, Oaxaca, quien desde hace 13 años busca a 30 miembros de su familia y 170 vecinos que salieron para trabajar en un campo de Guasave, Sinaloa, sin que hasta ahora se tenga rastro de su paradero.