Activistas y familiares de Jorge Cortés Carmona, quien fue hallado sin vida en una fosa clandestina en Cuajinicuilapa, Guerrero, pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso por tratarse de desaparición forzada y denunciaron omisiones por parte de la fiscalía del estado.

El pasado 29 de octubre, Cortés Carmona, quien estudiaba veterinaria en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), desapareció en el centro de dicha localidad. Nueve días después la fiscalía regional notificó a su familia el hallazgo de su cuerpo en una fosa.

Ayer, la presidenta de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López, denunció que la fiscalía estatal no ha presentado avances en la investigación e incluso ya incumplió un emplazamiento de 72 horas emitido el 9 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que dio al gobierno mexicano 72 horas para que informe de los detalles de la investigación sobre el caso.

Junto a Magdalena López, Efrén Cortés Chávez, tío de Jorge y sobreviviente de la masacre de la comunidad de El Charco, en 1998, acusó que su sobrino pudo ser asesinado por sus vínculos con él y en represalia por sus acciones como luchador social.

Al momento en que la familia identificó el cuerpo, observaron que mostraba signos de tortura y golpes en la cabeza que le provocaron la muerte, por lo que considera que hubo una clara intención de quitarle la vida. No hay nada (de resultados de la investigación), porque no se ha consignado a nadie, lo que sospechamos es que puede ser un móvil político.