osé Woldenberg suele repetir que construir la credibilidad institucional cuesta mucho trabajo y tiempo, es una tarea delicada y constante. Por el contrario, destruirla es sencilla, es cuestión de una mala decisión que desemboca en nocivas percepciones de la sociedad. Eso ha venido pasando con el Instituto Nacional Electoral (INE), a raíz de aquella desafortunada decisión de Luis Carlos Ugalde, la noche de la jornada electoral de 2006, en la que el Instituto Federal Electoral (IFE) fue rebasado por una atmósfera electoral de encono político. Lo acontecido después es cuesta abajo, la época dorada del IFE y su luna de miel con la sociedad se derrumbó. El INE es una muestra del desencanto político de la ciudadanía.

Lorenzo Córdova reconoció en entrevista con Proceso que el INE debía recuperar la credibilidad ciudadana y ganar la confianza de los votantes. Hoy día, la crisis de confianza viene de una esperanza decepcionada. Ha tocado fondo la aceptación de instituciones del Estado como la presidencial. Es grave el descrédito y erosión de actores e instituciones de la clase política que acentúan el futuro incierto de un país lastimado, con las expectativas desencantadas en la vida cotidiana de los mexicanos.

Francis Fukuyama, en su libro Trust, la define así: Confianza es la expectativa que surge en una comunidad de un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación. Dicho comportamiento se basa en normas compartidas por todos los miembros que integran la comunidad. Estas normas pueden referirse a cuestiones de valor profundo, como la naturaleza de Dios o la justicia, pero engloban también las normas deontológicas, como las profesionales y códigos de comportamiento. El autor reconoce que la confianza se basa en una presunción sobre la conducta futura del otro bajo la responsabilidad y la acción del gobierno. El capital social, que es tejido del sentido común de una sociedad, señala Fukuyama, nace a partir del predominio de la confianza. Esta confianza como lazo tácito facilita una economía fluida, transacciones, fomenta la creatividad individual y justifica la acción colectiva. La confianza es la base en que se construyen las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía, pero, cuando impera la desconfianza social se produce una ruptura entre el poder y los ciudadanos, e inexorablemente la gobernabilidad se atrofia.

El proceso electoral de 2018 enfrenta el poco reconocimiento de los organismos públicos locales electorales (Oples) y sobre todo la credibilidad erosionada del actual Consejo General del INE. El país lleva a cuestas el lastre histórico del fraude electoral y la corrupción política como patologías incurables. El fraude electoral es una criatura cancerosa que contamina no sólo las instituciones electorales, sino que resta legitimidad a las diversas estructuras del Estado. El fraude electoral es correlato de la corrupción de las élites políticas, es la metástasis siniestra que invade las elecciones. Los pasados procesos electorales de Coahuila y estado de México este año exhibieron ante la opinión pública al Consejo General del INE desprovisto de voluntad política para salvaguardar la calidad de la democracia electoral. Y más: los consejeros generales se evidenciaron al salir a defender de manera ramplona, en el espacio público, los procedimientos, decisiones de las autoridades electorales locales y los resultados electorales de dichas entidades. No se trataba de romper lanzas, pero sí de una sincera autocrítica. El manejo poselectoral del INE fue desastroso, primó la soberbia de los consejeros generales. Incluso cuestionaron las opiniones y señalamientos que circularon en las redes sociales, invocaron las realidades virtuales o verdades alternativas que desde diferentes sitios de Internet cuestionaron el proceso y a las autoridades con la legitimidad ciudadana de la libre expresión.

El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, ha declarado de manera reiterada, que el gran reto para 2018 es recuperar la confianza en la institución. Es cierto, pero se queda muy corto, porque no es cuestión de una pedagogía, como él dice, ni de un buen programa de imagen. Desafortunadamente para él, la trama es más profunda. No es un problema de percepción social ni mediática. El gran reto es combatir la corrupción político-electoral que sigue latente en los Oples e incluso en el propio INE, así como promover la lealtad de los diferentes actores que asuman la elección. El gran riego de las elecciones de 2018 es que la corrupción política se convierta en metástasis que se disemine por todo el cuerpo del proceso electoral. Sin demócratas no hay democracia, sin lealtad de los contendientes y de los árbitros la calidad de los procesos se convierte en tortuosos caminos donde la ley es violada sistemáticamente. Sin elecciones creíbles no hay fortaleza ni legitimidad de quienes resulten electos. En esta megaelección está juego la paz y la estabilidad social del México contemporáneo. Ojo, sin dramatismos, el riesgo del México bronco está latente.

Debemos distinguir los niveles cualitativos de las críticas. El segmento más cuestionado ha sido el Consejo General. La estructura del INE con todos sus vicios ha recibido menos señalamientos. Los consejeros electorales, en cambio, han sido objeto de reproches severos. Mientras en los Oples la mayor demanda es la despartidización, la exigencia al INE es la reciudadanización. Corre un grave riesgo de la temida autorreferencialidad, que es palpable en la selección del perfil de los consejeros ciudadanos en los órganos locales de toda la República: se impide el acceso a ciudadanos comunes. Se violan sus derechos. En cambio, el perfil que predomina son abogados que pertenecen a las diversas estructuras electorales, incluidos los tribunales. La experiencia en la Iglesia católica, como en las fuerzas armadas, nos muestra que la autorrefencidad las aleja del pulso, las necesidades y las expectativas de la sociedad real. Este es el principal reclamo que hace el papa Francisco a la Iglesia católica. El actual Consejo General del INE está dominado por priístas, es presidido por Lorenzo Córdova pero el poder real lo detenta Marco Antonio Baños, el principal operador del PRI en el instituto. Lorenzo reina, pero quien gobierna el INE es Baños. Es uno de los tantos dilemas que enfrentará la megaelección de 2018.