Madrid.

A punto de cumplir un mes en prisión y ante la cercanía del inicio de la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre en Cataluña, el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, junto con nueve ex consejereros, acataron ante la justicia española la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

De este modo, asumieron la intervención del gobierno español, que suspendió la autonomía de la región y convocó a elecciones anticipadas.

Junqueras y nueve ex consejeros del gobierno catalán permanecen desde el 2 de noviembre en cárceles españolas. Los hombres en la prisión de Estremera y las dos mujeres en la de Alcalá Meco. Ambas ubicadas a más de 600 kilómetros de su hogar y en situación de prisión cautelar por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que lleva el proceso en que son acusados de rebelión, sedición, malversación y cohecho. Cada uno enfrenta penas hasta de 50 años de prisión.

En un cambio de estrategia, Junqueras envió un escrito al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que junto con los ex consejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa señalan que el cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno no se planteó como una estrategia defensiva, sino como una decisión personal de todos mis mandantes que, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155, decidieron abandonar dichas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el gobierno de España.

No se descarta que con estos nuevos pasos se allane el camino para que el juez español decrete la libertad bajo fianza de Junqueras y los ex miembros del gobierno, como hizo con los miembros de la Mesa del Parlamento, incluida la ex presidenta Carme Forcadell, que también acataron ante la justicia la aplicación del artículo 155.

En tanto, el ministro de Educación y Cultura de España, Íñigo Méndez de Vigo, quien también es responsable de la consejería del mismo ramo del gobierno catalán, autorizó la entrega de un importante patrimonio cultural al gobierno de Aragón, que llevaba varios años reclamando su entrega a las autoridades de Lleida y Cataluña.

Supuestamente se entregarán al monasterio de Sijena las 44 piezas del cenobio que conserva el Museu de Lleida, tal como se ordenó en una sentencia que las autoridades catalanas habían impugnado y se habían negado a acatar con el argumento de que su intención era preservar la unidad de la colección del centro de la capital del Segrià, y porque las piezas están catalogadas y por lo tanto protegidas por las leyes catalanas de Patrimoni y de Museus.

Este gobierno cumple las resoluciones judiciales. Eso es lo normal y por eso lo he hecho, afirmó el ministro español tras ordenar a los responsables del museo catalán se cataloguen y entreguen las piezas lo antes posible, en una decisión que fue recibida con indignación por las fuerzas independentistas, que denunciaron la desprotección que sufren ante este tipo de atropellos.