Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) advirtió que la Ley del programa para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México, aprobada el viernes en el pleno, pretende que los damnificados se hagan cargo de financiar las viviendas adicionales que se construirían en sus predios, a partir de los mismos créditos a los que accederán con la mediación del gobierno de la ciudad, y si bien se asegura que dicho mecanismo no es obligatorio, tampoco especifica otra alternativa que les permita pagar el préstamo.

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, señaló además que en la ley no hay un diagnóstico preciso y transparente de las afectaciones particulares y colectivas para efectos de cuantificar montos de los daños y por consiguiente la inversión de la reconstrucción.

La discusión de la ley se había aplazado con el argumento de la Comisión de Gobierno de que se estaban elaborando las corridas financieras. pero el documento final no incorporó censos ni la proyección de los recursos que se requerirán para la reconstrucción, así como tampoco los destinados por los gobiernos federal, capitalino y los sectores privado y social para constituir el fondo, en cuyo caso fijó un plazo de 15 días a la Secretaría de Finanzas con el fin de informar del monto, tanto del actual ejercicio presupuestal, como del próximo año y los subsecuentes.

La ley, sin embargo, no entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial, sino hasta el día siguiente a que el gobierno capitalino publique el reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias, para el cual los diputados determinaron en la misma norma un plazo de 90 días.

Alavez cuestionó además que la ley excluye la participación de los diferentes damnificados y, por el contrario, confiere amplias facultades a la Comisión de Reconstrucción y al jefe de Gobierno al margen de los lineamientos que ya establece la Ley del Sistema de Protección Civil en la atención de emergencias.

Advirtió que su instrumentación generará confusión por duplicar normas, como en el caso del capítulo de sanciones por violar disposiciones contenidas en la ley, en la que se castiga conductas castigadas en otras reglas.