Colima, Col.

El priísta Ignacio Peralta Sánchez ha realizado 145 viajes nacionales e internacionales desde que asumió la gubernatura de Colima, el 11 de febrero de 2016, mientras la entidad vive una de sus peores crisis de inseguridad, provocada por la violencia del crimen organizado, que se disparó durante su gestión.

En 2015, último año de su antecesor y correligionario Mario Anguiano Moreno, se cometieron 189 homicidios dolosos; de enero a octubre del presente año suman 660, cifra récord en la historia reciente de la entidad, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Mediante una solicitud al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Colima, se documentó que Peralta Sánchez ha efectuado 145 viajes nacionales e internacionales en lo que va de su administración.

A raíz de la venta del avión del gobierno estatal, en septiembre de 2016 –por el cual se obtuvieron 41 millones 176 mil pesos–, el gobernador ha recurrido a vuelos comerciales y privados, principalmente a la Ciudad de México y a Estados Unidos.

De mayo de 2016 a julio de 2017 el gasto en vuelos privados sumó 14.2 millones de pesos, y en traslados comerciales, 268 mil. El gobierno del estado alega que si se hubiese conservado el avión estatal, el costo habría sido 5.5 millones de pesos mayor.

En entrevistas con diversos medios, el pasado 8 de septiembre, Ignacio Peralta respondió a las criticas: Se está trabajando muy duro; se viaja cuando se tiene que viajar, mis viajes no son de placer, son de trabajo, y no por eso se está desatendiendo al estado. Se están atendiendo los temas educativo, de salud y en materia social, lo que nos está generando indicadores muy positivos; es decir, se está disminuyendo en forma significativa la pobreza extrema.

Ni funcionarios se salvan

El político priísta reconoció que el mayor problema que enfrenta su gobierno es el repunte de la criminalidad, pero “se está viviendo un problema en materia de seguridad a escala nacional; en el caso de Colima, lo que se vive no es un fenómeno local; la fuente primigenia no está aquí.

“Somos parte de un conflicto que se vive a escala nacional o regional y que lamentablemente, por la presencia del puerto de Manzanillo y por algunas otras cuestiones estratégicas, los cárteles que se dedican al tráfico de drogas ven como estratégico el territorio colimense”, agregó.

La espiral de violencia que azota Colima, producto de la disputa de territorios entre cárteles de la droga, ha cobrado la vida de niños, mujeres, jóvenes, hombres, profesores universitarios e incluso funcionarios: el alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, fue acribillado el pasado 21 de octubre cuando viajaba en su camioneta.

El pasado 9 de agosto, el director de la comisión de agua Potable de Manzanillo, Daniel Cortés Carrillo, fue ultimado a balazos al llegar a su domicilio, ubicado en la colonia Infonavit de ese municipio.

El 6 de julio de 2016, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jaime Vázquez Montes (hermano del ex gobernador Gustavo Vázquez Montes) fue asesinado de más de 100 disparos cuando viajaba en su camioneta, en la capital del estado.

Descontrol en el PRI

A la crisis de inseguridad y violencia se añade la que viven el Partido Revolucionario Institucional (en el cual milita el gobernador) y la fracción legislativa del tricolor en el Congreso local.

El pasado 13 de noviembre, en sesión ordinaria de la legislatura, Martha Meza Oregón, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subió a tribuna para anunciar que se unía al Partido del Trabajo (PT) a fin de crear una nueva bancada coordinada por Joel Padilla Peña.

Esto desconcertó a la fracción priísta y a la del grupo independiente, que controlan el Congreso y la comisión de gobierno interno.

Actualmente el PRI tiene ocho diputados, mientras el grupo independiente (una escisión de la bancada del Partido Acción Nacional que renunció en junio de 2016) tiene tres legisladores, para sumar 11 de un total de 25. Con los votos de la diputada del PVEM, el del PT y el de Nueva Alianza alcanza la mayoría absoluta.

El Partido Acción Nacional, con 10 diputados, y Movimiento Ciudadano, con uno, conforman el ala opositora, pero la intención del PT de formalizar su bancada y separarse del bloque oficialista inclinaría la balanza en favor de la oposición. La sesión se suspendió el 13 de noviembre y se reanudará el 2 de diciembre.

Renuncias en cadena

Luis Javier Siordia Alcaraz, presidente del comité directivo municipal del PRI en la capital de Colima, renunció en marzo de 2017 y desencadenó una serie de salidas que causaron polémica.

Rubén Álamo hizo lo propio en Manzanillo, en agosto de 2017, y Vianey Chapula, en Villa de Álvarez, en octubre, e hizo una declaración pública: “Me voy por la campaña orquestada con la complacencia del primer priísta del estado (Ignacio Peralta Sánchez) para desacreditar mi imagen y liderazgo al frente de este comité municipal, sin derecho de réplica y con la distancia que el poder ha puesto de por medio entre el gobernador y las bases del partido.

Decidí no tolerar más esos señalamientos que representan una afrenta a mi dignidad como persona y un hecho de violencia política como mujer, señaló.

Se quejó de la indiferencia de Peralta Sánchez con el priísmo en el estado. No volví a tener comunicación directa, a diferencia de cuando era aspirante a la candidatura. De él sólo he recibido recados por medio de terceras personas, mensajes que violentan mi actuar y desempeño político.

Días después de la renuncia de Chapula, Édgar Larios Carrasco, secretario de organización del Comité Directivo Estatal priísta, también anunció su salida y en su muro de Facebook escribió: El PRI está pagando caro la actitud de sus malos gobernantes.