La Asamblea Legislativa (ALDF) discutirá este viernes en el pleno la discusión del dictamen sobre la ley de sustentabilidad hídrica, tras la protesta de colectivos de defensa del agua y vecinos de Iztapalapa afuera del recinto, quienes en sus reclamos advertían que convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en empresa paraestatal le permitirá realizar convenios para proporcionar el servicio con empresas como Veolia, Suez y Gutsa, en una estrategia privatizadora a largo plazo.

La sesión, convocada para las nueve de la mañana de ayer, se fue aplazando por las negociaciones para destrabar desacuerdos en otra iniciativa de ley, la del programa de reconstrucción, y pasadas las cuatro de la tarde la mesa directiva llamó al pleno sólo para dar por cancelada la sesión y reanudarla a las 11 horas de este viernes.

El presidente de la mesa directiva, Fernando Zárate, dijo que en el caso de la ley de sustentabilidad hídrica hay observaciones de diputados, particularmente de la delegación Iztapalapa, por los efectos que tendrá en el funcionamiento de establecimientos mercantiles y para verificar que se garantice el derecho humano al agua en los términos que establece la Organización Mundial de la Salud.

Entre estos citó a la secretaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Janet Hernández, del PRD, aun cuando votó en favor en comisiones. Agregó que también la presidenta de la comisión, Wendy González, del PAN, presentará una reserva a fin de añadir a la ley que cualquier acto de autoridad que pudiera afectar los derechos de los pueblos originarios tiene que ser consultado antes a las mismas poblaciones.

Para Elena Burns Stuck, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que participó en la protesta frente al órgano legislativo, esto no es suficiente, ya que la iniciativa en su conjunto debió someterse a consulta de los pueblos y barrios. Dijo que algunas comunidades tienen amparos preparados en caso de que se apruebe.

Ayer mismo, la coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco y autoridades tradicionales del pueblo de San Mateo Xalpa interpusieron un amparo contra el proyecto de dictamen que se pretende aprobar en la ALDF, al advertir que los diputados violan el derecho a la consulta y al consentimiento previo, ya que es una obligación constitucional de la autoridad legislativa antes de aprobar nuevas normas que afecten a los pueblos originarios.

El recurso interpuesto en el juzgado decimoprimero de distrito en materia administrativa advierte que la ley afecta de manera especial a los ejidos y comunidades, porque interfiere arbitrariamente en tierras y aguas de los sujetos agrarios al permitir que el gobierno asuma la propiedad de terrenos donde se ubican corrientes, lagos o lagunas.