éxico vive hoy un estado de violencia sin control, sin respuestas y sin castigos verdaderos, que evidencian una clara descomposi-ción de un gobierno que en nada se diferencia de las dos administraciones anteriores, por la indiferencia, la incompetencia, la entrega y la sumisión a los intereses más reaccionarios e inmorales que hemos estado padeciendo. No es posible que los crímenes queden en la impunidad y menos cuando se cometen contra los ciudadanos inocentes y los trabajadores que con su esfuerzo y sacrificio todos los días enriquecen a la nación.

El pasado sábado 18 de noviembre por la noche un grupo de matones dela Confederación de Trabajadores de México (CTM) en complicidad con la empresa de Canadá Torex Gold Resources, dueña de la mina Media Luna, y las autoridades locales y federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, decidieron atacar a los obreros de esa mina, ubicada en el municipio en Cocula, Guerrero, con armas de fuego, asesinando cobardemente a dos trabajadores, hermanos ellos entre sí, que se encontraban en paro de labores junto con todos sus compañeros desde el 3 de noviembre. Ellos exigen mejores condiciones económicas y de empleo, respeto a su dignidad y a su libertad para pertenecer a la organización sindical que democráticamente han decidido conforme a su derecho consagrado en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución Política de México y en el Convenio 87 firmado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el gobierno de nuestro país, desde hace más de 60 años.

La respuesta brutal de los dirigentes de la empresa fue promover esa cobarde agresión, coludidos con los gobiernos local y federal, y vergonzosamente con los líderes locales asesinos de la CTM. No es posible que la corrupción genere esos crímenes y que la pasividad gubernamental, cuando no su complicidad, los tolere en lugar de hacer respetar las leyes mexicanas y proteger la seguridad y la vida de todos los miembros de la clase trabajadora. Vergüenza y arrepentimiento les debería dar. Sin embargo, todos o casi todos están involucrados y eso no puede continuar así, aunque existan empresarios y comunicadores que lo utilizan políticamente para atacar a los sindicatos democráticos y libres, buscando responsables inexistentes y a los verdaderos culpables los eximen, los toleran y quizá hasta los aplaudan.

¿Dónde está el respeto al estado de derecho y la autoridad del Presidente de la República, del secretario del Trabajo, del de Gobernación, del gobernador del estado?, quien por cierto ha declarado públicamente que está más preocupado porque la empresa agresora y delincuente se vea afectada en su posición en la Bolsa de Valores de Canadá que por la vida de los trabajadores y porque se respete su derecho a la libertad de asociación, a todo lo cual hay que sumarle la irresponsabilidad de los militares y de todos los encargados de vigilar y obligar a que se cumpla con la justicia y con las leyes laboral y penal.

La impunidad es tal que a los asesinos los detuvieron esos militares para dejarlos escapar unas horas después del atentado, seguramente por órdenes de alguna autoridad. Se presume que los actores materiales e intelectuales de ese doble crimen, en el que perdieron la vida los hermanos Sahuanitla Peña, están relacionados, por su adscripción a la fuerza militar asentada en la cercana Iguala, con los autores de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y de otros asesinatos de campesinos, profesores y líderes comunitarios. Quizá están muy acostumbrados a la violencia en ese estado y por eso el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, está más preocupado por la situación financiera de la empresa, oa lo mejor por algunas otras razones o intereses creados.

Los nombres de los delincuentes y cómplices involucrados están totalmente identificados por los trabajadores, tanto los de la CTM, como los del Ejército y la policía, y así fueron publicados en un boletín de prensa del Sindicato Nacional de Mineros hace cuatro días. También en una carta posterior dirigida al Presidente de la República, de la cual todavía no se tiene respuesta, condenando estos hechos y demandando su intervención para que se efectúe una investigación a fondo, se castigue penalmente a los responsables y se cancele la concesión minera a esa corporación extranjera, que no ha respetado las leyes mexicanas, ni el derecho a la vida ni la libertad de las personas.

Para los empresarios, como los de Torex Gold Resources, Grupo México, Peñoles, Grupo Acerero del Norte y Villacero, la búsqueda desesperada para incrementar sus utilidades se ha vuelto una urgencia obsesiva y no les ha importa-do mancharse de sangre minera, actuando sin sensibilidad o consideración para la vida y la dignidad de los trabajadores y sus familias. Por eso no se preocupan para nada en resolver los problemas, quejas o demandas por la vía del diálogo y la negociación, porque están acostumbrados a ver a los obreros como esclavos y los quieren mantener y someter así a cualquier costo, pero además, porque en México no hay autoridad que los obligue a respetar las normas y el estado de derecho. De esa manera hacen lo que se les pega su gana y el país se deteriora moral y éticamente en su imagen hacia el interior y el exterior.

Ahora toca también al gobierno de Canadá aplicar las sanciones estrictas contra la empresa, desde su presi-dente corporativo, su consejo de administración y su cuerpo directivo en ese país y en México. El Sindicato Nacional de Mineros, que me honro en presidir, continuará con la solidaridad de muchas organizaciones internacionales y la denuncia abierta para condenar estos crímenes, meter en la cárcel a los asesinos y exigir una aplicación correcta e inmediata de la justicia. Los trabajadores miembros del distrito 3 de los United Steel Workers tienen un lema que los distingue en su lucha por la justicia social: Si matas a un trabajador, vas a la cárcel. Ojalá en México alguien tuviera el valor y la fuerza de actuar con esa consigna para despertar la confianza en el sistema legal y para corregir el rumbo.

Los gobiernos de Canadá y México deben actuar con celeridad y justicia en este conflicto, en el momento que se realiza la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.