La primera denuncia directa contra los administradores y socios de la Inmobiliaria Álvaro Obregón 286, Ernesto Sota Cisneros y Ernesto Sota López, por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual, fue ratificada ayer por el esposo de una de las 49 personas que murieron al colapsar el edificio por el terremoto del 19 de septiembre.

La denuncia presentada por Ernesto Franco, esposo de Martha Patricia Parras, quien era jefa de cocina de la empresa DMLink, una de las empresas arrendatarias, se suma a otras cuatro en contra de quien resulte responsable y se integra a la carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público por el delito de responsabilidad de directores responsables de obra.

Además, se presentó a la Procuraduría General de Justicia una narración de hechos por la negligencia en que incurrieron padre e hijo, quienes nunca hicieron una revisión de las condiciones estructurales del edificio, construido en 1959, que carecía de muros de carga y le eliminaron columnas y soportes en varios pisos, señaló Cristopher Estupiñán.

En la coordinación territorial CUH-7, el abogado explicó que en 1997, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió un dictamen, donde recomendaba a los señores Sota, que eran los administradores, a no rentar el edificio, pues chocaba y colapsaba con el edificio de Álvaro Obregón 284, lo cual se comprobó al caer como pastel de mil hojas.

Con ello, dijo, se demuestra que actuaron con negligencia, pues tenían conocimiento de que se pudiera producir un efecto dañoso, con la pérdida de vidas ante un sismo, pero ni la delegación Cuauhtémoc ni la Seduvi han entregado al MP los planos y memorias fotográficas y técnicas del edificio para deslindar responsabilidades.

La administración pública está retrasando el esclarecimiento de los hechos, pues primero fue que estaba imposibilitada por el sismo y ahora que no están los expedientes, cuando por norma deben tenerlos, y en cambio se ha apurado en la expropiación del inmueble, cuyo avalúo saldrá esta semana, por alrededor de 20 millones de pesos, comentó.

A dicho monto, precisó, se sumarán 36 a 40 millones de pesos, que recibirán por la póliza de seguro, cuyas primas eran pagadas por los arrendatarios, lo cual nos crea dudas, porque los señores Sota tienen un récord de negocios inmobiliarios con el gobierno capitalino, que no tiene disposición para esclarecer los hechos y apoyar a las víctimas.

El abogado aclaró que no se trata sólo de las 49 personas que perdieron la vida, sino sus familiares, a quienes los dueños de la inmobiliaria no se han acercado, y los arrendatarios, por lo cual se explora con el MP la vía de congelar el pago de la indemnización del seguro y todo su dinero corriente.