De aprobarse este jueves la ley de sustentabilidad hídrica en el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF), Morena la impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contravenir disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, advirtió el coordinador del grupo parlamentario, César Cravioto Romero.

Expuso que aun cuando el dictamen sobre dicha ley establece que los servicios de agua potable y de drenaje, a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), no podrán ser privatizados, al modificar la naturaleza jurídica del organismo le permite no sólo adquirir deuda sino subcontratar a empresas para realizar sus funciones, lo que abre la puerta a la privatización.

El legislador dijo que eso ocurrió en Coahuila, donde la operación del servicio de suministro de agua potable se dejó en manos de una empresa filial de la española Aguas de Barcelona, con facultades incluso para modificar las tarifas, con lo que incurrió en abusos contra los usuarios.

El dictamen se incorporó al orden del día de la sesión del pleno este jueves y si bien Cravioto dijo que Morena desconoce la presidencia del diputado Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, por haber sido impuesto tras la destitución ilegal de la diputada de su partido Flor Ivone Morales Miranda, adelantó que estarán presentes para fijar el posicionamiento de su partido.

Señaló que más allá de si Morena vota o no y cómo vota, el grupo formado por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional ya tomaron la determinación de aprobar la ley, así sea con el mínimo de 34 votos requerido, pero, por ser una sesión ilegal, como todo lo que se ha aprobado con esta presidencia ilegítima, la vamos a controvertir y la vamos a echar abajo en la Corte, sostuvo.

Recordó que ya presentaron un recurso de amparo para declarar ilegales las sesiones del pleno y promoverán también recursos contra todos los dictámenes que se han aprobado, en particular, dijo, esta ley, que tiene temas gravísimos, como que el que ya hizo ver la diputada Aleida Alavez Ruiz en la discusión en comisiones, de no contener mecanismos que aseguren el ejercicio efectivo del derecho humano al agua, como está estipulado en la Constitución Política local, sino al contrario, mantener la disposición de restringir el suministro a usuarios que hayan dejado de pagar dos periodos.

Otro, dijo, es que permite al Sacmex apropiarse de las aguas de los manantiales sin prever los derechos, también establecidos en el texto constitucional local, que corresponden a los pueblos y barrios originarios y las medidas de implementación para poder hacer aprovechamiento de dichos acuíferos.