El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que las autoridades de los tres niveles de gobierno han mostrado una gran indiferencia frente a las agresiones y crímenes contra los defensores de garantías fundamentales.

El ombudsman nacional condenó el asesinato del titular de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo; demandó justicia pronta y expedita por estos crímenes, y alertó que varios comisionados estatales han sido amenazados de muerte, sobre todo en estados donde hay presencia del crimen organizado, como son Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. En su caso particular, dijo, no ha recibido ningún tipo de advertencia, aunque su trabajo sí ha generado tensión.

Ayer, durante la presentación de la campaña Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos –lanzada por el organismo a su cargo y organizaciones de la sociedad civil–, resaltó que desde el año pasado la CNDH emitió la recomendación general 25, referente a defensores de garantías básicas.

En ésta, el organismo demandó, entre otras cosas, que los gobiernos garanticen la seguridad de esos profesionales y que promuevan una campaña pública en favor de su labor para evitar estigmatizaciones. Lo que hasta ahora, lamentó, no se ha cumplido, y los casos de violencia en su contra se siguen acumulando y el flagelo más lacerante es la impunidad.

Para González Pérez las acciones gubernamentales de todos los niveles de gobierno para evitar estos crímenes han sido insuficientes y, por el contrario, han mostrado una indiferencia que propicia condiciones para que se atente contra defensores civiles y públicos. Cuando se agrede o desaparece a un defensor se atenta contra la dignidad colectiva.

Demandó que en éste y todos los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos contra los defensores de derechos humanos, las autoridades no excluyan de las líneas de investigación la relación de los crímenes con los casos que los agredidos hayan atendido. En particular con De la Toba Camacho, exigió que se brinde una colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades estatales, a fin de que se llegue a fondo en las investigaciones y el crimen no quede impune.

Por su parte, Pilar Tavera, presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, también presente en el lanzamiento de la campaña, indicó que al 31 de octubre hay 654 individuos adscritos al mecanismo, de los cuales 385 son defensores y 269 comunicadores. Del total de casos, 45 por ciento están en Ciudad de México, Veracruz , Guerrero, estado de México y Oaxaca.