a isla se quedó sin luz, en un apagón que lleva ya dos meses, y es ya por mucho el mayor de toda la historia de Estados Unidos. La red eléctrica de la isla está destruida. ¿Cuál fue la solución ante semejante desastre? Darle el contrato de obras para componer la red eléctrica a una empresa, la Whitefish Energy, que el día en que el huracán azotó a la isla tenía en su nómina tan sólo a dos empleados. ¿Como pudieron pensar las autoridades isleñas que podían encargarle la reconstrucción de su red eléctrica a una compañía con dos empleados? ¿Cómo supo siquiera de la existencia de esta microempresa el señor Ricardo Ramos, director de la Puerto Rico Electric Authority?

Dicen que la corrupción gubernamental en Puerto Rico es considerable, pero la Whitefish Energy no es el equivalente local del Grupo Higa –es decir, no se trata de una compañía de algún compadre isleño de Ramos– porque la compañía tiene su sede y origen en el lejano estado de Montana. ¿Qué le vieron entonces a esa microempresa como para otorgarle la responsabilidad de un macrocontrato así de vital? Hay sólo una posible respuesta que salta a la vista: la Whitefish Energy es de un pueblito insignificante, de 6 mil habitantes, pero que es de donde proviene el secretario del Interior de Estados Unidos, el señor Ryan Zinke, y al menos una porción de la clase política puertorriqueña ya ha entendido bien el verdadero significado el America first, que es que los beneficios de cualquier contrato deben distribuirse primero en casa, en la Casa Blanca, se entiende.

Se reconoce en este ejemplo que en Puerto Rico están reanimando una fórmula de abuso colonial digna de la vieja East India Company británica, en el Bengal del siglo XIX. Por ejemplo, según The New York Times, el pueblo puertorriqueño le estaba pagando a Whitefish 319 dólares por hora de trabajo de sus electricistas, comparados con los 19 dólares por hora que gana un electricista puertorriqueño. El escándalo de Whitefish al final fue suficientemente estruendoso como para que se le rescindiera el contrato a la compañía, y también para que Ramos tuviera que renunciar como director del Puerto Rico Electric Power Authority, pero la lógica de dominio quedó a las claras, aun en medio de tanta oscuridad (hoy, a casi dos meses del desastre, Puerto Rico sigue sin electricidad).

Y la sensación de ser ciudadanos de segunda tampoco se acaba en ese ejemplo. Así, el apoyo de emergencia del gobierno federal a los puertorriqueños tampoco ha sido conmesurable con el que reciben los verdaderos estadunidenses en momentos difíciles: los isleños han recibido apenas una fracción del subsidio en comida (food stamps) de lo que hubo para los residentes de los estados de Texas y Florida luego de sus huracanes. Aún así, los puertorriqueños deben quedarse calladitos y no deben quejarse, como aclaró Donald Trump en varios tuits, y también en su paseadita por la isla, porque, según él, el número de muertos que sufrieron fue minúsculo, comparado con un verdadero desastre como el huracán de Houston. Los puertorriqueños debían dejar de estar lloriquieando y empezar a valerse por sí mismos. Trump regañó de ese modo a Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, le aventó alguna ayuda mínima a la isla, advirtió que el gobierno federal no la apoyaría indefinidamente, y recalcó que el número de muertos causados por el huracán había sido bajo.

Quizá el número de muertos en realidad haya sido menor que los que dejó Harvey Houston, pero el sociólogo Eric Klinenberg, que se especializa en el conteo de muertos en desastres naturales que quedan estadísticamente encubiertos –y que son usualmente pobres, y frecuentemente miembros de minorías raciales– publicó hace unos días que en Puerto Rico hubo 472 más muertos en septiembre de 2017 que en septiembre del año anterior, lo que sugiere que puede que haya habido bastante más muertos en la poca cosa de desastre que sufrió Puerto Rico que en la verdadera catástrofe de Houston, donde murieron 82 personas.

La falta electriciadad ha agudizado la quiebra económica de la isla, que tenía dificultades más bien estructurales, aunque agravadas también por ineficiencia y corrupción. El huracán ha propiciado, entonces, una fuerte emigración de la isla hacia Estados Unidos. El gobernador de Florida ha pedido subsidios federales para alojar y atender a los más de 100 mil refugiados que han llegado a sus costas. Esto sucede en Puerto Rico, isla cuyos 3.4 millones de habitantes son ciudadanos de los Estados Unidos.