Ejidatarios de El Zapote presentaron denuncias penales en contra de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); además, exigieron que sea deportado el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el español Fernando del Bosque, por las remodelaciones y construcciones que el consorcio realiza en terrenos del aeropuerto de Guadalajara y que los agricultores inconformes reclaman como propios.

Las dos secretarías mencionadas fueron demandadas por desacato a una orden judicial mostrada por los ejidatarios, quienes también buscan que se deporte a Del Bosque por involucrarse en asuntos nacionales en el conflicto entre autoridades federales y campesinos que reclaman pago justo por las tierras que cedieron al aeropuerto de la capital jalisciense.

Los labriegos dieron a conocer que presentaron un nuevo recurso legal que obliga al GAP, concesionario del aeropuerto, a no construir más en terrenos de El Zapote, lo que limita las posibilidades de una ampliación y una nueva pista en la terminal.

Maximiliano Lomelí, abogado del ejido El Zapote, afirmó que no existe un decreto expropiatorio sobre las áreas donde no se ha construido, por lo que recurrieron a medidas legales para evitar ser desposeídos de terrenos ejidales.

Los ejidatarios advirtieron que de no recibir respuesta de las autoridades a sus denuncias reforzarán el plantón que mantienen en el aeropuerto.

Protesta en Acapulco

Ejidatarios de La Sabana bloquearon ayer en dos ocasiones el Bulevar de las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero, cerca de las oficinas de Promotora Turística, para exigir el pago de poco más de cinco millones de pesos por concepto de la expropiación de tierras de uso común (unas 20 hectáreas) para la construcción del Viaducto Diamante, el cual une la caseta de peaje de La Venta, en la Autopista del Sol, con el Bulevar de las Naciones.

Los inconformes cerraron alrededor de 40 minutos la vialidad después de ser haber sido plantados por autoridades estatales a las que presentarían sus quejas, pero desistieron cuando recibieron la promesa de ser atendidos.

Sin embargo, casi una hora después volvieron a cerrar el bulevar por considerar que fueron engañados en la mesa de trabajo que solicitaron para exigir que se investigue el destino de poco más de cinco millones de pesos que debían ser distribuidos entre más de 300 ejidatarios.

Jesús Serna Molina, ejidatario de La Sabana, señaló: Nos deberían pagar 16 mil pesos a cada uno de los ejidatarios, y resulta que nada más nos quieren dar 10 mil. Además, el asesor del gobierno estatal, César Flores Maldonado, y Fernando Jaimes Ferrel, subsecretario del Gobierno para asuntos agrarios, no los atendieron.