La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado enérgico a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que pongan en marcha planes emergentes de seguridad, ante el creciente número de robos y otros delitos de los que han sido víctimas el sector privado y la población en general.

Señaló que sólo en el sector de autotransporte de carga terrestre y por vía férrea, la cantidad de asaltos y robos ha aumentado 60 por ciento en lo que va del año conforme a información de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex).

Mientras, datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentaron que entre enero y septiembre de 2017 se han cometido 2 mil 41 robos con violencia contra camiones de carga en carreteras, lo que significa un incremento de 99 por ciento en comparación con 2016.

La Coparmex exhortó al Poder Ejecutivo a revisar el diseño institucional de combate a la delincuencia, porque la crisis de seguridad exige una estrategia integral con nuevas líneas de acción; un enfoque sistémico que incluya a jueces, fiscales y policías, y acciones contundentes inmediatas enfocadas a reducir efectivamente las tasas de robo y la inseguridad.

Destacó, con base en datos la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que para la población la mayor preocupación es la inseguridad, por encima del aumento de precios, el desempleo o la corrupción.

De acuerdo con el estudio elaborado por el Inegi, 61.1 por ciento de los entrevistados indicó que el principal problema del país es la inseguridad; 36.5 por ciento el aumento de precios; 36.3 por ciento el desempleo; 29.1 por ciento la corrupción; 28.8 señaló la salud; 27.9 la pobreza y 21.5 por ciento la falta de castigo a los delincuentes, entre otros temas.

La Coparmex advirtió que es urgente frenar la incidencia de los delitos, porque afecta el crecimiento y las inversiones, ya que las empresas dejan de invertir en proyectos productivos para destinar cantidades millonarias y crecientes en la prevención y atención de la inseguridad, además de la carga impositiva que deben pagar para que el Estado teóricamente les garantice su integridad física y de sus patrimonios.

El organismo patronal reiteró la propuesta que presentó junto con otras organizaciones de la sociedad civil para hacer cambios de fondo en la Comisión Nacional de Seguridad y transformarla en un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia y autonomía presupuestal para dirigir de manera directa las acciones desarrolladas por la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal, así como las funciones de prevención y de reinserción social.

En 2016 en México se cometieron 31.1 millones de ilícitos, lo que representó un costo de 1.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), equivalente a 229 mil millones de pesos. Los principales delitos fueron hurtos y asaltos en hogares o en calle y transporte público; fraudes; extorsión y robo de ve­hículos. Sin embargo, únicamente fueron denunciados 3 millones de casos, es decir, apenas 9.7 por ciento.