rondos, los diputados y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presumieron la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 en un tiempo récord –una semana antes de vencer el plazo legal y en un ejercicio prácticamente carente de discusión–, de tal suerte que el gasto público para el próximo año está garantizado.

Desde el primer segundo del siguiente ejercicio fiscal alrededor de 5.3 billones de pesos estarán a disposición del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero más allá del monto todo apunta a que el gasto público será igual de improductivo que en años anteriores, es decir, con un impacto marginal para el crecimiento económico y el desarrollo social, en el entendido de que el sector público en México gasta mucho, pero cada vez peor.

En este contexto, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC; El círculo vicioso del gasto público) realizó un ejercicio analítico sobre el tema, del que se toman los siguientes pasajes.

La actividad y reflexión legislativa tienen una limitada repercusión sobre la eficacia y eficiencia del gasto público, es decir, en los resultados alcanzados por el ejercicio presupuestal. Para 2018 las necesidades eran mayores: la situación de emergencia provocada por los huracanes y sismos que asolaron algunas entidades de la República obligó a la reasignación de recursos para tratar de resarcir los enormes daños que sufrieron la población, las empresas y la infraestructura pública en estados como Morelos, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.

Para atender dichas necesidades se requería más del Legislativo, particularmente en materia de infraestructura y edificación de vivienda. Existen mexicanos damnificados que deberán reconstruir sus hogares pagando préstamos a tasas que prácticamente son las comerciales. La estimación oficial afirma que el daño no excede 50 mil millones de pesos, y de acuerdo con lo aprobado por los diputados se tienen recursos suficientes para enfrentarlo. Si el Estado mexicano hizo bien su tarea, no volveremos a ver historias como las de 1985: hoy siguen existiendo ciudadanos que no tienen un hogar por los sismos de hace tres décadas.

Sin embargo, en la aprobación del Presupuesto de Egresos los diputados recurrieron al mismo mecanismo ya transitado anteriormente: el uso de los esquemas de papel ampliamente conocidos, como elevar la cotización esperada en el precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar, que les otorgaron recursos adicionales en la Ley de Ingresos para poder solventar los gastos excepcionales. Utilizaron el margen que el Poder Ejecutivo les otorga año tras año.

Con una nueva estimación de ingresos y la reasignación realizada en las erogaciones de algunas partidas, los diputados terminaron aprobando un presupuesto que en esencia sigue la misma lógica de lo propuesto por el gobierno federal. La razón es simple: el órgano legislativo carece de capacidad técnica para hacer propuestas de fondo a los problemas estructurales que enfrenta el gasto público.

El primer reto que no se quiere abordar es la baja eficacia y eficiencia de las erogaciones públicas. De acuerdo con el Inegi, en el periodo 2004-2016 el valor agregado generado por el sector público en sus tres órdenes de gobierno apenas promedia un crecimiento anual de 0.2 por ciento. En otras palabras, el crecimiento económico de 2.5 por ciento alcanzado en los últimos lustros es atribuible a la actividad del sector privado no al gasto de gobierno que, como referencia, en 2018 ejercerá recursos por más de 5 billones de pesos, cantidad que por sí sola debería propiciar un crecimiento del PIB de por lo menos 2 puntos adicionales al promedio citado.

Nuevamente, en la Cámara de Diputados no se hizo referencia a ello, simplemente porque su análisis gira en torno a cómo se asignan los recursos no a los resultados que se obtienen. La política fiscal sigue sin contribuir al crecimiento de México, su mayor preocupación reside en mantener un equilibrio financiero estrictamente contable y no que sea resultado de una nación que crece vigorosamente y que con ello promueve el desarrollo social. Prefieren el gasto social asistencial.

El segundo elemento se refiere al callejón sin salida en que se encuentran las finanzas públicas. El gobierno mexicano ha generado una dependencia por el endeudamiento. Así ocurrió en las décadas de los años 70 y 90 del siglo pasado y parte de 2009. Ello condujo a la falta de sostenibilidad fiscal: los ingresos no son suficientes para enfrentar los compromisos contraídos por la deuda reconocida y los pasivos contingentes.

Lamentablemente, desde la década de los 80 el desequilibrio propiciado por los gastos improductivos se busca controlar limitando la parte productiva: la inversión. La evidencia es contundente. Durante los últimos años las tendencias de los recursos asignados a la inversión pública fueron recortadas para limitar el ritmo de endeudamiento improductivo en el que se incurrió desde 2009.

Al igual que en décadas pasadas, no se castigó al gasto corriente, el más improductivo. El ajuste fiscal se hizo en los recursos asignados a la construcción de las obras de ingeniería que México requiere para modernizar su infraestructura. De igual forma, se moderó lo asignado a la estructura educativa y de salud. En contracorriente, el costo financiero de pagar los intereses del endeudamiento va al alza: más de 663 mil millones de pesos se destinarán a ello durante 2018.

Además, desde 2007 se han aplicado diversas disposiciones para disminuir los beneficios tributarios que reciben empresas y trabajadores. De acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales, en 2005 representaban más de 6.6 por ciento del PIB; para 2018 la prospectiva es de solamente 3.5. La estrategia aumenta los ingresos del gobierno, pero disminuye la capacidad de inversión y consumo del sector privado. La única forma para que el mecanismo sea positivo es que genere crecimiento económico.

Con la aprobación presupuestal para 2018 se cierra un nuevo ciclo político y de administración pública, pero se deja pendiente una de las transformaciones más relevantes que deben realizarse en el país: elevar la calidad del gasto para convertirlo en fuente de desarrollo económico y no en preocupación por la debilidad de las finanzas públicas.

Las rebanadas del pastel

Quinta ronda, y nada. Estados Unidos quiere reventar el TLCAN, y tanto México como Canadá, pacientes e ilusos, esperan que el salvaje de la Casa Blanca reconsidere.

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