El caos de la publicidad exterior
no de los negocios más irregulares en nuestro país es el de los espectaculares o publicidad exterior, en el que un pequeño grupo de empresarios controla la zona conurbada de Ciudad de México.
Existe la Ley de Publicidad Exterior, pero hay tantos intereses de por medio que la regulación es palabra muerta. Las empresas importantes del sector son JCDecaux y Corporación de Medios Integrales (que adquirió a Vendor de Televisa); Rentable, de Ricardo Escoto; Grupo Pol de Multimedios e ISA Corporativo, de la familia Camou, que controla la publicidad en el Metro, el aeropuerto y las centrales camioneras.
Ante el desorden reinante, la Fundación para el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano pugna por que el gobierno retire los espectaculares ilegales; sin embargo, no tiene fuerza.
Por su parte, Isidoro Rendón, director jurídico de la Seduvi, al mando de Felipe de Jesús Gutiérrez, presentó hace días un proyecto de reordenamiento de publicidad exterior. El resultado es que el oligopolio publicitario ya se le echó encima y lo quiere quemar en leña verde.
El proyecto contempla el retiro de 85 por ciento de los espectaculares en nuestra ciudad, que prácticamente son los que se encuentran fuera de la ley. Este cambio beneficiaría a la ciudad capital, tanto desde el punto de vista estético como de seguridad. Sin embargo, es difícil que la autoridad pueda controlar a ese sector, que está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana.
El terremoto del 19 de septiembre puso en evidencia la gran inseguridad y corrupción en ese sector. Incluso, sin movimientos telúricos importantes, año tras año se caen entre 20 y 25 espectaculares por el viento, la lluvia o por construcciones deficientes, ya que hay cerca de 5 mil espectaculares, algunos en medio de áreas públicas y otros en cientos de edificios que no cuentan con cimientos adecuados para aguantar la carga de grandes espectaculares.
Por desgracia, a las autoridades les importa más el dinero que les deja la publicidad exterior irregular que la seguridad de la población, por lo que la presión de la sociedad y las nuevas regulaciones no serán suficientes para acabar con este negocio multimillonario, aun cuando representa un gran riesgo para los habitantes de Ciudad de México.
