San Felipe, BC.

El pescador Arturo Flores García firmó un documento que especificaba que cada mes y durante dos años recibiría una compensación de 8 mil pesos por no poder laborar. Confiaba en que ese apoyo sería suficiente para soportar la veda que se impuso al sector para salvar a la vaquita marina, pero asegura que 29 meses después del acuerdo con el gobierno federal no ha recibido ni un peso y no hay quien le responda, ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la cual presentó una queja en 2015.

Flores García calcula que al menos 400 pescadores están en la misma situación pese a estar inscritos en un padrón que supuestamente sería la base para repartir el apoyo, y señala que los presidentes de las federaciones de pescadores han cobrado los recursos en nombre de sus agremiados.

Antes de la veda, Flores García, de 56 años, trabajaba todo el año: de septiembre a marzo, en la pesca de camarón; después, de chano, sierra y tiburón. Ganaba hasta 40 por ciento de lo capturado y no le faltaba dinero, aunque no contaba con seguridad social ni otras prestaciones.

Este lunes aproximadamente 700 personas, pescadores y familiares, marcharon por el bulevar costero de San Felipe –pueblo de pescadores del Golfo de California donde se concentra la actividad gubernamental en favor del cetáceo– al Centro de Conservación, Protección y Recuperación (CPR) de la vaquita marina, para protestar por la veda que les impusieron hace poco más de dos años.

Algunos, como Arturo, no aparecen en el padrón de 2 mil 650 personas del programa de compensación que aplicó la Federación, primero por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y ahora mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), para pagar de 4 mil a 8 mil pesos mensuales a los trabajadores del mar afectados por la prohibición.

Otros protestan porque no les pagan o lo hacen tarde, y unos más porque no les alcanza y exigen programas de empleo que les permitan subsistir o que los dejen volver al mar.

Han sido dos años de crisis, durante los cuales repuntó la delincuencia, cerraron negocios y se les estigmatizó como totoaberos, depredadores del codiciado pez totoaba.

Sunshine Rodríguez Peña fue el convocante y orador del mitin frente al CPR. Ahí repitió las demandas de los pescadores, a quienes dijo encabezar porque, como permisionario, participó en la elaboración del padrón de beneficiarios y se siente responsable de las fallas.

Afirmó que los líderes de cooperativas hicieron los padrones que se entregaron a las autoridades, incluyeron a personas que nunca han pescado y la Conanp se niega a revisar las listas de quienes se benefician con la compensación que se entrega a los pescadores de esta comunidad, ubicada 185 kilómetros al sur de Mexicali.

Señalado por criticar el programa de conservación de la vaquita marina y acusado de ser el capo de los buches de totoaba (que se venden hasta en 10 mil dólares el kilogramo y cuya explotación provoca la muerte de las vaquitas al quedar atrapadas en las redes), Sunshine Rodríguez acusa que no se ha cumplido ninguna de las medidas anunciadas para apoyar a los pescadores.

Desde el templete improvisado en el techo de una camioneta, Rodríguez Peña anunció que el 28 de noviembre, cuando se inicie la pesca del camarón, su gremio se hará a la mar aun sin la anuencia del gobierno federal, que autorizó hacerlo con la condición de que use una nueva arte de pesca que evita que la vaquita quede atrapada.

Según el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, el gobierno federal destina cada mes 45 millones de pesos para indemnizar a los pescadores afectados por la veda que protege a la vaquita marina, especie endémica del alto golfo de California.

De acuerdo con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, dirigentes de federaciones y cooperativas de pescadores han desviado el apoyo a familiares, amigos y allegados, a quienes incluyeron en el padrón que entregaron al gobierno federal.

Advirtió que ante el desempleo y la falta de apoyo a los pescadores en San Felipe, ha aumentado el consumo de drogas y alcohol, así como los índices de delincuencia, por lo que el puerto está más abandonado que nunca.

En abril de 2015, días antes de que se iniciara la veda en el Golfo de California, el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid anunció la instalación de una mesa de trabajo para atender cualquier situación y, coordinadamente con la autoridad federal, dar solución a cada planteamiento relativo a dicho sector. Todo quedó en buenos deseos.