El Movimiento Campesino Regional Independiente, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), solicitó la intervención de los gobiernos federal y de Chiapas para evitar un conflicto social entre miembros de esta agrupación en la comunidad de Cerro Blanco, municipio de Amatan, con integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) nacional, que dirige Federico Ovalle Vaquera.

En un escrito dirigido a la opinión pública, a medios de comunicación y a organismos defensores de derechos humanos, explicó que el problema es que Ignacio Velasco Rojas y Manuel Juárez, dirigentes de la CIOAC nacional en la comunidad y a la vez comisariado y consejero de vigilancia, respectivamente, han azuzado a la comunidad en contra de los militantes de Mocri-CNPA-MN, que son avecindados, para expulsarlos y arrebatarles bienes materiales, ya que en dicha población contamos con infraestructura que pertenece a nuestra organización, señaló el vocero de la coordinadora, Daniel Zúñiga Maldonado.

Los dirigentes de la CIOAC nacional en la comunidad citada, aprovechando sus cargos han manipulado a los habitantes incitándolos a agredir a nuestros compañeros, quienes hasta ahora han hecho lo necesario para evitar una confrontación.

Sin embargo, en los últimos días las amenazas de desalojo y agresión han aumentado, a pesar de que los integrantes de Mocri-CNPA-MN han sido respetuosos de las normas internas de la comunidad y cuando así lo ha requerido han expresado opiniones diferentes para evitar abusos de las autoridades locales.

Por lo anterior, la agrupación llamó a la base social de la CIOAC nacional a evitar cualquier tipo de confrontación y a tener presente que las diferencias de opinión, que son válidas en cualquier país democrático, no deben ser motivo de persecución política.

A las familias que habitan Cerro Blanco, les hizo un llamado a que no se dejen llevar por intereses contrarios al desarrollo de la comunidad, ustedes son testigos del trabajo social que hemos impulsado no sólo en su poblado, sino en todo el municipio de Amatan, la región y el estado de Chiapas.

Asimismo, pidió a las autoridades locales y federales que “cumplan con su obligación de protección debida, de prevención y del deber de investigar, para evitar que los integrantes de la CIOAC nacional cometan actos que atenten contra los derechos humanos a la vida y a la integridad, así como una situación de desplazamiento forzado.