Los megaproyectos que se han emprendido en varias partes del país se caracterizan por el abuso de poder e imposición de los gobiernos y las empresas que los encabezan.

Así concluye el informe Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia, elaborado por Isabel Madariaga Cuneo, ex coordinadora de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de Oxfam y de Servicios y Asesoría para la Paz.

La especialista investigó por un periodo de dos meses a tres comunidades afectadas por estos proyectos, donde comprobó que las autoridades mexicanas avanzan sin considerar las afectaciones a las personas que viven en las comunidades originarias.

Se estudiaron los impactos de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, en Campeche, y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos.

El reporte asienta que estos proyectos fueron decididos por la autoridad sin consultar a las personas afectadas, es decir, fueron impuestos; continúan provocando graves impactos en el territorio y los recursos naturales de las comunidades, así como en su tejido comunitario; además que se han utilizado prácticas de hostigamiento y criminalización contra quienes decidieron defender su territorio.

En cada uno de los casos analizados fue posible observar una serie de acciones similares en la actuación del Estado, contrarias al respeto y garantía de los derechos humanos. Entre ellas la decisión de poner en marcha megaproyectos sin considerar a quienes podría afectar; la falta de reconocimiento del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas; la desprotección de sus territorios; la inexistencia legal y desprotección de las comunidades; la falta consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada; el incumplimiento de decisiones judiciales por las propias autoridades del Estado; la incongruencia de algunas decisiones judiciales; el uso abusivo del poder, y la imposición de un modelo de desarrollo.

La especialista hace una serie de recomendaciones generales y específicas. Entre las primeras destaca la necesidad de realizar adecuaciones legislativas para garantizar derechos como la libre determinación y la autoidentificación indígena; asegurar que las decisiones judiciales y administrativas otorguen protección efectiva a los derechos colectivos de estos pueblos, garantizar su cumplimiento y sancionar a quienes las incumplan, y garantizar que las las empresas que pretendan desarrollar proyectos en sus territorios respeten el derecho de las comunidades originarias a la libre determinación y a definir sus propias prioridades de desarrollo”.

El informe se entregó a la relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien se encuentra de visita oficial en el país; al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y a otras autoridades nacionales e internacionales.