México tiene un problema de impunidad muy fuerte y un estado de derecho débil. Se trata de un tema que no ha pasado inadvertido para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sobre el cual se han dado varios pronunciamientos, aseveró el titular de ese organismo, Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado tras participar en un foro sobre trata de personas, el ombudsman nacional enfatizó que el tema de la impunidad en México es un problema estructural, es decir, cuántas sentencias se emiten frente al volumen de los delitos que se cometen.

Al hablar sobre el informe que hace unos días dio a conocer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en el cual se advirtió que las investigaciones penales en la justicia civil contra militares que han violado derechos humanos de los ciudadanos son poco efectivas, pues hay un bajo número de pesquisas contra soldados y muchas menos sentencias, el ombusman nacional indicó que se trata de casos de impunidad.

Cifras de la CNDH muestran que de 2006 (año en que se puso en marcha la estrategia contra el crimen organizado) al 31 de octubre de 2017 ha recibido 10 mil 907 quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 2 mil 802 contra efectivos de la Marina Armada de México.

En ese periodo, el organismo nacional ha emitido 125 recomendaciones por violaciones a garantías cometidas por soldados y 41 contra marinos.

Aunado a ello, en estos casi 11 años, la comisión ha iniciado 941 expedientes de queja contra la Comisión Nacional de Seguridad (antes Secretaría de Seguridad Pública federal) y 6 mil 322 contra la Policía Federal. Investigaciones de las que se han desprendido 101 y 60 recomendaciones, respectivamente.

González Pérez también fue interrogado en torno al informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en el que se destacó que el grupo delictivo Los Zetas habrían sobornado al ex gobernador y al actual mandatario de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, respectivamente; al ex mandatario de Veracruz, Fidel Herrera, y a funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para obtener contratos y así poder lavar dinero.

Tenemos un expediente abierto que estamos próximos a determinar sobre el caso (de la masacre) de Allende, Coahuila. El informe (de la Universidad de Texas) no lo conozco a detalle, pero cualquier circunstancia donde haya una conducta irregular tiene que investigarse.

El ombusman también se refirió a la empresa First National Security, en Quintana Roo, cuyas cajas de seguridad fueron incautadas por la Procuraduría General de la República en el contexto de las pesquisas contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo, y que ha generado las quejas de varios usuarios.

La PGR envió una respuesta que hemos pedido que precise... Preguntamos si acepta nuestras medidas cautelares (en favor de los usuarios). No fue precisa. Por eso nuestro personal fue a Quintana Roo para atender a las personas. No estamos en contra de que la investigación, pero no estamos de acuerdo en que se afecten derechos de terceros.