La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la más vigilada por autoridades, instituciones y la opinión pública en época de elecciones, señaló el abogado general y comisionado para la transparencia, David Garay Maldonado, durante la instalación del Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral rumbo a 2018.

Dijo que el primero de julio del próximo año se llevará a cabo la jornada electoral más grande y más compleja en la historia del país, que involucrará 3 mil 406 cargos de elección popular, de los cuales 629 son federales y 2 mil 777 del ámbito local.

Derechos políticos y sociales de beneficiarios

Apuntó que se debe garantizar que los recursos de la dependencia se utilicen con claridad, a fin de evitar que el uso y manejo de esos programas sociales se vea relacionados con actos de proselitismo en favor de candidatos y partidos. Detalló que destinarlos a propósitos electorales atenta contra los derechos políticos y sociales de los beneficiarios.

El proyecto de blindaje electoral consiste en un conjunto de acciones jurídicas, administrativas y operativas dirigidas principalmente a empoderar a los beneficiarios de esos programas sociales, no solamente en el acceso y ejercicio de sus derechos sociales, sino también en el de sus derechos políticos.

El comité se estableció en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. Por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se presentó la circular 012/2017, en la cual se señalan las disposiciones básicas a considerar en materia de blindaje comicial, en el contexto de los procesos y las jornadas a realizarse el próximo primero de julio.

Entre las disposiciones del blindaje están la suspensión de propaganda gubernamental, resguardo de bienes inmuebles y vehículos, entrega y manejo de recursos y apoyos; la suspensión de reuniones masivas, de altas y bajas del padrón de beneficiarios, ejecución de obra, plataforma de consulta y memoria documental.