Washington.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra 10 funcionarios del gobierno de Venezuela al considerarlos responsables por irregularidades electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción en la distribución de alimentos, decisión dada a conocer en momentos que el país sudamericano se encuentra al borde de ingresar en un default en el pago de una deuda total de 150 mil millones de dólares.

Mientras el gobierno de Venezuela siga ignorando el deseo de su pueblo, nuestro mensaje es claro: Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados, sentenció Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, y agregó que su gobierno mantendrá vigorosos esfuerzos por sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que son cómplices del presidente Nicolás Maduro.

El nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral; los ministros de Cultura, Ernesto Villegas Poljak, y de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, y el titular del despacho Presidencial, Jorge Márquez Monsalve, entre otros.

Las penalidades son principalmente en respuesta a las elecciones regionales del 15 de octubre en Venezuela, comicios que el Tesoro calificó de fraudulentos porque “ayudó al partido oficialista a ganar, inesperadamente, 18 de las 23 gubernaturas en disputa.

La pena consiste en congelar los bienes que tengan los funcionarios en Estados Unidos y prohíben a todo estadunidense realizar transacciones económicas con ellos. Así bloquea la posibilidad de inversiones extranjeras directas en el país y cierran el camino al gobierno de Caracas para obtener un financiamiento externo.

Inmediatamente, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó en Twitter las sanciones, al considerarlas parte de una sistemática campaña de agresión del gobierno estadunidense contra Venezuela y acusó a Washington de intentar generar desestabilización y violencia en su territorio.

Con esta decisión, prácticamente los principales funcionarios de Maduro son objeto de sanciones de Washington, todas aplicadas este año. La más severa fue en agosto, cuando penalizó a 13 trabajadores gubernamentales tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Venezuela debe pagar este viernes unos 81 millones de dólares del bono de la petrolera PDVSA 2027, primer monto a cumplir desde que Maduro anunció hace una semana que buscará refinanciar y restructurar la deuda, de unos 150 mil millones de dólares.

Las agencias Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s ya rebajaron sus notas de la deuda por considerar que una situación de cese de pagos es prácticamente inminente.

Ante la limitada capacidad para obtener nuevas líneas de crédito, las reservas internacionales del país se redujeron drásticamente y con ello su capacidad de pago, lo que empuja a la economía en dirección a un default.

Por ello, Maduro convocó la semana pasada a una restructuración de deuda externa y citó el próximo lunes en Caracas a todos sus acreedores, quienes poseen unos 60 mil millones de dólares en bonos del país y la petrolera, para iniciar las renegociaciones de déficit.

En este contexto, el gobierno y la oposición de Venezuela retomarán negociaciones en República Dominicana con facilitadores internacionales para tratar la grave crisis del país y buscar garantías de cara a las elecciones presidenciales de 2018, anunció el diputado opositor Luis Florido. Hay una reunión programada para el 15 de noviembre.