Tijuana, BC.

Aunque el gobernador del estado, el panista Francisco Vega de la Madrid, ha dicho no saber del asunto, la planta desaladora que se pretende construir en Playas de Rosarito, en una asociación pública-privada (APP) que endeudará a los bajacalifornianos por 37 años, es un proyecto binacional que en una segunda etapa venderá el líquido a California.

Las negociaciones entre representantes de la empresa Consolidated Water –CW, que ganó por conducto de NSC Agua la licitación para construir la desaladora– e inversionistas demostraron que la prioridad es vender a Estados Unidos el agua que se pretende potabilizar en el Pacífico, señaló Luis Moreno Hernández, diputado del Partido Encuentro Social (PES) al dar a conocer las minutas de esas reuniones.

En rueda de prensa, reveló las transcripciones de pláticas con los hermanos Frederick y Rick McTaggart –propietarios de CW, con domicilio en las Islas Caimán–, que se iniciaron el 17 de marzo de 2009 y continuaron hasta agosto pasado, en las que hablaron de negocios, disponibilidad de agua e inquietudes de los inversionistas por la fluctuación del tipo de cambio y el relevo de gobierno en Baja California.

Las conversaciones que Frederick MacTaggart tuvo con socios y analistas desde marzo de 2009 hasta agosto de 2017 se encuentran en el portal de Seeking Alpha (seekingalpha.com), firma dedicada al análisis de los mercados de valores y financiero de Estados Unidos, e incluye transcripciones de llamadas en las que se habló de ganancias, ideas de inversión y análisis de acciones de expertos financieros.

En las pláticas se señala el interés del gobierno mexicano de vender agua a Estados Unidos, los avances del negocio en Baja California y hasta la aprobación de la Ley de Asociaciones Públicas-Privadas en el Congreso local.

Potabilizaría hasta 100 millones de galones al día

En la primera alusión al proyecto, el 17 de marzo de 2009, McTaggart comentó a inversionistas que estaba explorando nuevos mercados (para) ganar dinero con la venta de agua desalada. El 12 de noviembre de 2012 anunció que había comenzado a recolectar datos de la calidad del agua en una planta piloto de Rosarito para lo cual tuvo reuniones con funcionarios locales y se diseñó la planta desalinizadora de Rosarito, (con capacidad de) 100 millones de galones (378.5 millones de litros) por día, señalan documentos dados a conocer por el diputado local Luis Moreno.

El informe más reciente que se reveló es del 11 de agosto de este año, cuando el directivo confió en comenzar a construir la desaladora a fin de año, mientras avanza en la obtención de financiamiento y en trámites, además de haber obtenido los derechos de paso para la fase uno del acueducto, “condición importante para el proyecto (Rosarito).

Nos complace ver que en mayo el distrito de agua de Otay, en California, recibió permiso para construir y operar un acueducto de casi 4 millas (6.4 kilómetros) a través de la frontera, que finalmente podría ser utilizado para transportar agua potable desde Rosarito, señala McTaggart a sus socios.

Moreno Hernández afirmó que esta y otras conversaciones desmienten la versión del gobierno estatal, y en particular al secretario de Desarrollo Urbano, Manuel Guevara Morales, quien en su comparecencia ante el Congreso local con motivo de la glosa del cuarto informe de labores del gobernador, respondió que no hay planes de vender agua a Estados Unidos cuando se le preguntó si se entregaría ese recurso al distrito de Otay.

Guevara Morales aseguró que legalmente no es posible vender agua a Estados Unidos y que la planta desaladora atendería las necesidades de habitantes de Tijuana y Rosarito.

La aprobación de la construcción de la planta desaladora se encuentra detenida en el Congreso local ante el rechazo social y la falta de consenso parlamentario, pues se requiere mayoría calificada. De los 13 diputados panistas sólo 11 están a favor del proyecto promovido por el gobernador Vega de Lamadrid, por lo que requiere de al menos dos votos de sus aliados (los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) y cuatro de la oposición.

El diputado Luis Moreno Hernández afirmó que estas transcripciones revelan que la construcción de la planta desaladora no es un proyecto del estado, sino de Consolidated Water, que en pláticas con inversionistas aseguró que las fluctuaciones cambiarias serían cubiertas por los consumidores con aumentos a las tarifas.

Consideró que si la empresa miente, no puede hacerse cargo de un proyecto tan importante. La compañía publicó que en marzo firmó un contrato de arrendamiento con la Comisión Federal de Electricidad por aproximadamente 5 mil metros cuadrados de terreno dentro de la planta termoeléctrica Presidente Juárez, en Rosarito, para sus pruebas de calidad de agua por parte de su socio estratégico, Doosan Heavy Industries and Construction.

En agosto de 2014 se dio a conocer que se inició la segunda fase de monitoreo e informe de la calidad del agua fuente requerida por nuestro cliente propuesto, el Distrito de Agua de Otay, para apoyar sus solicitudes de permisos con las autoridades estatales y federales de Estados Unidos.

Entre marzo y agosto de 2017, los McTaggart mencionaron que su proyecto, de 42.9 millones de dólares, estaba sujeto a la ley de las APP. En agosto pasado dijeron estar en posición de comenzar a construir antes de fin de año. Y durante el trimestre, seguiremos trabajando en cuestiones de financiamiento y regulación.