En el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, por cada peso dedicado a infraestructura local de agua y saneamiento, se dan tres pesos a megaproyectos, pese a que graves irregularidades fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Túnel Emisor Oriente (TEO) y la presa El Zapotillo. Además, se trata de obras a cargo de empresas cuyos socios fueron señalados como beneficiarios en paraísos fiscales, manifestó la coordinadora nacional Agua para Todos.

En conferencia de prensa a las puertas de la Cámara de Diputados, representantes de la organización argumentaron que el presupuesto 2018 profundizaría el severo recorte de 72 por ciento en los montos asignados hasta 2017 a los sistemas de agua y saneamiento, con lo cual se viola el derecho humano al líquido y se busca inducir la privatización.

Detallaron que la propuesta del Ejecutivo pide dedicar 36 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a tres megaproyectos. El TEO, con 5 mil millones de pesos; obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 3 mil 200 millones, y El Zapotillo, mil 500 millones.

Precisaron que sólo 12 por ciento del presupuesto de la Conagua se dedicaría a las obras locales requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. Otro 7 por ciento sería canalizado a infraestructura hidroagrícola, con prioridad en las zonas de agroexportación del norte del país.

Entre las irregularidades detectadas por la ASF, divulgadas el 17 octubre, están que el TEO fue asignado en 2007 sin licitación ni proyecto ejecutivo, y aunque fue programado para concluirse en 2012 con un costo de 9 mil 500 millones, no se ha terminado y se le han destinado 44 mil millones de pesos.

Además, indicaron, la asignación de mil 530 millones de pesos a la presa El Zapotillo es un intento de violar su suspensión por mandato judicial (controversia constitucional 93/2012 promovida por el Congreso de Jalisco), el cual dicta que no se debe sobrepasar los 80 metros de altura ya alcanzados. Una de las principales constructoras, Abengoa renunció al proyecto y busca una indemnización, aunque no ha colocado un centímetro de tubo del acueducto.

El Zapotillo, detallaron, es construido también por FCC, cuyo principal dueño es Carlos Slim; al suspenderse la obra en 2014, la Conagua tuvo que pagar 220 millones de pesos a esta empresa. Además, el contrato obliga al gobierno a pagar 19 millones de pesos mensuales por concepto de indemnización ante la inactividad de la obra.