Al revisar el funcionamiento de cobro de los derechos de minería, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó ineficiencias y contradicciones que involucran a la Secretaría de Economía (SE) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), como fallas en el padrón de concesionarios, no aplicación de sanciones ante incumplimientos, falta de información compatible entre ambas dependencias para el cobro de derechos y servicios informáticos obsoletos que reducen el control.

La SE no ha subsanado la falta de información, en tanto que el SAT se encuentra limitado en el ejercicio de sus facultades de comprobación debido a dichas deficiencias.

El incremento de la recaudación de derechos sobre minería a partir de 2014 se debió al establecimiento de tres nuevos derechos, no como resultado de los controles implementados, señala la ASF.

Sin embargo, no sólo halló fallas considerables en el ámbito de los ingresos de recursos a la Tesorerías, también en el destino del dinero captado hay vacíos importantes. Ninguno de los estados y municipios que recibieron 80 por ciento del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, creado para contrarrestar los efectos de la actividad minera, reportó su destino, y el 20 por ciento restante que debería canalizar la Secretaría de Hacienda para mejorar infraestructura tampoco se conoció en 2016.

Como parte del segundo informe parcial de la revisión de la Cuenta Pública 2016, en el análisis prácticado al flujo de recursos de los derechos pagados por concesiones mineras, la ASF halló inconsistencias serias en el padrón de concesionarios. Lo anterior representa una situación similar a la detectada en la Cuenta Pública 2015, donde se recomendó a la Secretaría de Economía coordinarse con el SAT para determinar los sujetos obligados al pago de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería.

Al verificar el padrón de la dependencia federal se identificó que en 7 mil 732 concesiones había terminado la fecha de vigencia, sin informar si hubo alguna prórroga, y en mil 909 la suma de porcentajes de participación de los titulares superaban el ciento por ciento, que en algunos casos pasaban de 101 a 500 por ciento. La ASF advierte que la secretaría incumplió el acuerdo de 2016, en el que se comprometió a presentar un padrón actualizado.

Otra irregularidad que halló la ASF es el incumplimiento en la entrega de informes de los concesionarios cuyas minas se encuentran sin exploración o explotación para explicar los motivos. A pesar de ello, tampoco la dependencia hizo gestiones para aplicarles sanciones económicas, por lo que la ASF remitió al Órgano Interno de Control para que se inicien procedimientos administrativos contra los funcionarios que omitieron aplicar dichas sanciones.