esde hace tiempo se ha reconocido que la capacidad instalada de los organismos públicos de derechos humanos no basta para desarrollar las tareas de promoción y protección (o defensa) de los derechos humanos, necesarias para garantizarlos, es decir, para hacerlos efectivos.

Por eso es usual que sean las organizaciones sociales las que ayuden a potencializar estas labores mediante su actividad cotidiana. Es por ello recomendable que los organismos públicos (comisiones de derechos humanos) mantengan una sana e importante relación con estas organizaciones sociales, incluso si dicha relación llega hasta el otorgamiento de apoyos económicos, materiales y de apertura de espacios o acceso a medios. El problema es cuando esta sana relación se pervierte y esos beneficios necesarios para el trabajo social, se trasladan a la atención de intereses personales o de grupos.

No debemos descalificar el trabajo de las organizaciones sociales, sin embargo, debemos reconocer que finalmente estas se pliegan a intereses. Al tener la posibilidad de ser escuchadas en ciertos procesos de toma de decisiones, se llega a despilfarrar ese capital social tan importante, en la defensa de intereses específicos.

La designación de presidente de la CDH de la Ciudad de México es una muestra clara de ello. Las organizaciones que han intervenido en ese proceso han derrochado su capital intentando impulsar a los candidatos afines a sus intereses, o vetando a los que no les resultan convenientes, sin preocuparse por lo elemental: los criterios metodológicos de evaluación de perfiles.

No se ha presentado más que una propuesta objetiva de criterios por un grupo de organizaciones, misma que no ha sido considerada por los actores políticos tomadores de decisiones. Tampoco ha tenido impacto mediático, porque no se concentra en evaluar o calificar nombres de los aspirantes.

Por desgracia, los medios han hecho eco de las pretensiones de diversas asociaciones que señalan en forma totalmente subjetiva cuales son los candidatos preferidos, o cuales no resultan, mejor dicho, no resultamos convenientes para sus intereses.

Siempre se ha criticado que las comisiones de derechos humanos tengan su grupo de asociaciones consentidas, a las que les destinan los apoyos con recursos públicos y les facilitan las gestiones.

La perversión del papel de ciertas organizaciones constituye un riesgo latente en estos procesos. Algunos grupos impulsan a sus candidatos, intentan vetar a otros. Descalifican. Restan en vez de sumar. Si su candidato se hace con la titularidad del organismo público dejarán fuera del esquema de apoyo a las organizaciones que postularon a otros aspirantes. Se vuelve un círculo vicioso que debemos romper o mejor aún, evitar.

Ese no debería ser el papel de las organizaciones sociales en materia de derechos humanos. Menos aún tratándose de este tema tan delicado, que debe además construirse a partir de principios y valores que se alejan de ese tipo de conductas.