Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, aseveró en el Senado que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una buena ley, (pero) en el papel, porque no atiende los derechos de los menores como señala el ordenamiento.

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), dependiente de la Secretaría de Gobernación, añadió que es una buena ley, pero sin recursos, por lo que apremió a los legisladores a exigir a los diputados que en 2018 se otorgue dinero suficiente a ese ordenamiento.

La senadora panista Adriana Dávila coincidió con lo expresado por funcionarios de organismos internacionales y de la propia administración federal: Este gobierno se ha esmerado en tener buenas leyes, pero no las dota de los recursos necesarios. Para este gobierno todo se traduce en política electoral: lanza mensajes para que le den votos, sólo mediáticamente.

Dávila acusó: Las procuradurías de los menores dependen de los ayuntamientos, por lo cual evidentemente no tienen presupuesto, están en ceros. Existe toda una serie de situaciones que ni los DIF estatales y mucho menos los municipales están en condiciones de cumplir, y es toda la parte ligada a lo penal.

Por ejemplo, refirió, hay muchos niños víctimas de delitos de desaparición, de violación de sus derechos, que viven en condiciones de esclavitad laboral o sexual y no veo persecución de esos delitos, porque las fiscalías o procuradurías estatales no están haciendo su trabajo. Básicamente piden a los DIF municipales que integren las carpetas de investigación, cuando esas instancias no tienen facultades para ello. Además, tampoco cuentan con capital.

A su vez, la secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y a Adolescencia, Angélica de la Peña, sostuvo que en efecto a esta ley no se le asigna el presupuesto que requiere para verdaderamente garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, porque la Secretaría de Hacienda es la que realmente gobierna el país y no asigna los presupuestos para que las leyes operen y se cumplan.

Coincidió con Jarab y Bucio, respecto de que esta ley es sólo de papel, porque no cuenta con los recursos económicos para garantizar los derechos de los menores. Por desgracia sigue imperando el criterio fundamental y esencial de Hacienda, de que no hay recursos.

De la Peña aseveró que es correcto el análisis que hace Sipinna: ellos enfrentan el problema a diario cuando desde el Congreso se aprueban puntos de acuerdo o cuando las organizaciones civiles les exigen que cumplan con los derechos que tienen que garantizar: a salud, educación, tener una familia, vivir en hogar libre de violencia, la no discriminación, la igualdad y, sobre todo, la labor de garantizar el interés superior de la infancia.