La reforma en materia de justicia laboral debe acabar con la corrupción que hay en instancias como las juntas de conciliación y arbitraje y con la simulación sindical, y no transferir estos vicios a los nuevos tribunales, advirtieron el catedrático e investigador Enrique Larios, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; el abogado Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la misma casa de estudios, y el rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón.

Agregaron que la reforma está en entredicho, porque el gobierno federal busca pasar por el Congreso de la Unión –por fast track– la ley secundaria, la cual está cocinando en lo oscurito. Además, existe el riesgo de que quede un régimen paralelo, es decir, que no desaparezcan de forma rápida las juntas y operen a la vez que los nuevos tribunales en el Poder Judicial, por lo que podría quedar un monstruo legaloide.

Los expertos señalaron que el gobierno y el sector patronal han negociado la ley secundaria sin tomar en cuenta a los sindicatos independientes, abogados y expertos en el tema. Asimismo, no se ha abierto la discusión sobre el tema y quiere apresurarse su instrumentación para febrero del próximo año.

Advirtieron del riesgo de que sea mal instrumentada, pro patronal y, sobre todo, que repita los vicios de las juntas de conciliación. Larios puntualizó que hay corrupción en todas las juntas y alguien lo está permitiendo. Es un problema estructural, de fondo, que sólo se puede arreglar con una buena legislación y con voluntad política.

Pablo Franco, secretario de asuntos colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, planteó que es fundamental, para no repetir los vicios del actual esquema, que puedan participar todos los sectores involucrados en la integración de esa ley secundaria. Expresó que se requiere más tiempo para la discusión y que existen normas que permiten la violación de los derechos de los trabajadores, pues –ejemplificó– se está dejando la puerta abierta para que continúe la firma de contratos colectivos a espaldas de los sindicalizados.

Relató que una vez un vendedor de lotería se acercó a ofrecer un billete a un líder sindical que acababa de obtener su toma de nota, y éste le respondió: No, amigo, no lo necesito: yo ya me saqué la lotería. Expuso que la corrupción en este sector debe barrerse como las escaleras: de arriba hacia abajo.

Díaz Mirón sostuvo por su parte que es fundamental transparentar y abrir la discusión de esa ley secundaria, para que no se negocie en lo obscurito, a fin de que haya voces que alimenten el documento, ya que, por ejemplo, para acabar con la corrupción en los procesos de justicia laboral debe señalarse en primer término el voto libre y secreto en todos los procesos sindicales.

Este precepto sería un fuerte golpe al sindicalismo de simulación y a los seudolíderes que venden la representación gremial al mejor postor.

A su vez, Bouzas leyó un texto en el que el Observatorio Laboral señala que el documento filtrado de la ley secundaria no señala el voto secreto, libre y auténtico y habla además de un esquema tripartito, según el cual los patrones podrán tener voz y voto para calificar –por ejemplo– el derecho de huelga que tienen los trabajadores o los recuentos, lo que es absurdo e inaceptable.

Además, hay un intento patronal para quitar los límites al outsourcing. Todo ello indica que se están repitiendo los vicios, lo que dará al traste con la reforma y pondrá en duda su efectividad.