Cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard advierte que desde la instalación de esa instancia se determinó que el caso Odebrecht era emblemático en el combate a la corrupción. Seis meses después, cuestiona que haya signos claros de deliberada dilación en la aplicación de la justicia, lo cual coloca a México como el único en la red de naciones donde operó con sobornos la empresa brasileña en el que no ha habido sanción alguna.

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, lamenta que, en contraste, en México quien sacó el caso a la luz haya sido cesado y esté siendo perseguido (Santiago Nieto, ex fiscal especial de Atención a Delitos Electorales), en un desenlace muy arbitrario. El ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que acabó la investigación y renunció. A ello se añade que no se ha designado en el Senado al fiscal anticorrupción.

En entrevista, Peschard califica la secuela del caso Odebrecht de muy grave, pues hasta el momento, en el seno del SNA, no se ha tenido información alguna sobre los avances en las indagatorias.

El caso Odebrecht no sólo abarca a esta administración, sino también a la pasada. Es un asunto muy delicado, advierte. Perschard no percibe el desenlace con un carpetazo, pero sí nota dilación para dar resultados. Ha habido mucha falta de transparencia, subraya.

Para quien coordina los esfuerzos de la lucha contra la corrupción, si bien no se puede decir que esas tres instancias de procuración de justicia estén descabezadas porque no tienen titulares, pues hay encargados de despacho, es claro que con funcionarios sustitutos difícilmente se puede avanzar. Es cierto que no teníamos una procuración de justicia sólida, pero si no hay titulares va a ser más complejo poder tenerla.

Entrevistada a propósito de la publicación de su reciente libro, Transparencia, promesas y desafíos, subraya que México ha avanzado en ese renglón; sin embargo, en la siguiente etapa, la rendición de cuentas, no se ha podido concretar. Hay debilidades institucionales y factores que han incidido en la impunidad, entre los cuales destaca una mejor definición de las responsabilidades públicas e insuficiencias en el Poder Judicial no sólo por falta de capacitación para revisar esos casos, sino porque en muchos, particularmente a escala estatal, esas instancias están capturadas por los poderes públicos locales.

Peschard reconoce que la frustración e irritación social por los casos de corrupción se mantienen. Si bien hay una creciente presencia de organizaciones sociales denunciando la incidencia de esos sucesos, no ha sido suficiente para frenar la corrupción.

La impunidad, asegura, es un incentivo para la reincidencia, pero lo que ha hecho la transparencia es sacar a la luz hechos irregulares. Para eso ha servido hasta ahora, pero evidentemente el mayor reto es la rendición de cuentas.

Lo que tenemos por ahora es que la transparencia ha visibilizado la corrupción, cómo la hemos venido tolerando, las complicidades que hay no sólo en el ámbito político, sino también en lo privado. Hay una suma de factores que se asocian a que no hemos podido ser rigurosos en lo que toca a la persecución de las irregularidades, las sanciones y la definición de nuevas formas para prevenirlo, pero eso implica una construcción institucional, un fortalecimiento de las capacidades de las instituciones.

Para la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA está claro que las expectativas sociales en esa instancia están sobre la parte punitiva y de sanciones, pues hay descontento, pero entre las tareas fundamentales está la edificación de nuevas políticas para prevenir la incidencia.