e quedé corto en lo que escribí el lunes pasado sobre la inexistencia e inoperancia en 2012 de los atlas de riesgos que por ley deben elaborar el gobierno federal y los 32 estados de la República. Según la información más reciente del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), ninguno los tiene actualizados, son obsoletos y apenas cuatro poseen un documento con calificación de avanzado. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asegura que el año pasado apenas 327 de los 2 mil 458 municipios del país tenían actualizados dichos atlas. Además, la ASF detectó en la cuenta pública de 2016 un verdadero caos en el manejo de los recursos para protección civil y prevención de riesgos. Y como cereza del pastel, informa que no se ejerció 42 por ciento del dinero asignado por el Poder Legislativo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para dichas labores.

Hay casos extremos. Dos ejemplos. El antropólogo y periodista Raymundo Padilla López me envía lo que publicó el 29 de septiembre pasado en el diario Avanzada de Colima, donde revela que en dicha entidad no existe atlas de riesgos, aunque se aprobó elaborarlo hace cinco años y se destinaron para ello más de 16 millones de pesos. Estaría listo en dos años. Nada. El responsable de elaborarlo, Melchor Urzúa Quiroz, se jubiló con una jugosa pension mensual, es maestro distinguido, aunque no terminó la primaria y fue denunciado por vender ilegalmente un terreno del gobierno del estado. En el colmo, una escuela lleva el nombre de este sujeto. De los millones que recibió para elaborar el atlas, nadie informa en el gobierno colimense. Padilla López me informa que el estado tampoco tiene un sistema de protección civil que evite los asentamientos humanos en sitios frágiles o expuestos a inundaciones por las lluvias o los huracanes.

El otro ejemplo es Oaxaca, la entidad con la más alta incidencia de sismos y daños por lluvias y huracanes. Sin embargo, su atlas de riesgos no corresponde a la gravedad de los problemas que afectan muy especialmente a los asentamientos humanos fincados en las partes altas de la entidad, gravemente deforestada y, por ende, sin protección contra las lluvias. Y de igual modo, los que existen en las orillas de los ríos y que son barridos por las crecidas de estos en tiempos de lluvia. Es una realidad que se presenta en la mayoría de los estados del país, donde no se cumplen las numerosas promesas oficiales de reubicar a las familias que, por su pobreza, construyen sus viviendas en lugares de alto peligro.

Dichas promesas las repiten cada año los funcionarios cuando acuden con su aparatoso y costoso séquito a contar los muertos, los damnificados y a evaluar los desastres que dejan sismos, huracanes o las lluvias, cada año más intensas.

Respecto de la megaurbe que conforman la capital del país y los estados que la rodean, algunos lectores anotan que, si bien los gobernadores de esas entidades presumen tener avanzados sistemas de protección civil y prevención de desastres, cada año muestran su ineficacia ante los fenómenos naturales. Y es así por la falta de auténticos programas de reordeamiento territorrial y de construcción del mobiliario urbano adecuado. Por permitir asentamientos humanos mal diseñados, inseguros y en zonas que no reúnen las condiciones ótpimas para evitar las tragedias que ya bien conocemos.

Cabe insistir en que es mejor y cuesta menos invertir en proteger a la ciudadanía y su patrimonio, y a la obra pública (escuelas, centros de salud y vías de comunicación), que en remediar, y mal, los daños causados por sismos y huracanes. Con el agravante de que la reconstrucción es un negocio que suelen concretar empresas vinculadas con los funcionarios, sus familiares o amigos. Por eso Francisco Toledo y José Márquez, y quienes con ellos trabajan en remediar los daños que dejó el sismo en Oaxaca, insisten en que en esta enorme tarea debe haber, ante todo, la participación activa y permanente de la población. Y con modelos de desarrollo urbano y rural que vayan en armonia con la vida y el medio ambiente de las comunidades. No como se hace ahora en todo el país.