La depuración y control de confianza del personal de seguridad en el país continúa sin mejora sustancial. En las entidades más rezagadas, especialmente Sinaloa, reprueban casi seis de cada 10 agentes de justicia, pese a los millonarios recursos aplicados, tanto de arcas locales como de subsidios federales para atender el problema.

El reporte de la Secretaría de Gobernación de julio de 2016 revelaba un porcentaje promedio nacional de 9 por ciento de policías municipales y estatales reprobados. Poco más de un año después, el nivel de no aprobados es idéntico, según el informe más reciente (corte septiembre de 2017) del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha argumentado en repetidas ocasiones que el aumento de la incidencia delictiva de este año se debe sustancialmente a los delitos del fuero común, es decir, los de responsabilidad de las corporaciones e instituciones locales.

Tan sólo en apoyo federal para el fortalecimiento de las policías locales se destinaron este año 5 mil millones de pesos para 300 municipios prioritarios en materia de seguridad y justicia.

Si bien el promedio nacional se mantiene en 9 por ciento, a nivel estatal resalta el caso de Sinaloa al tener el mayor número de elementos reprobados. El año pasado tenía 54 por ciento de agentes de la procuraduría estatal en esa condición; hoy los no aprobados representan 57 por ciento.

Un recrudecimiento similar ocurrió en las policías municipales sinaloenses: los reprobados pasaron de 49 a 56 por ciento, en el lapso comparado.

Hasta ahora los gobiernos federal o estatal no han precisado la situación de estos elementos, quienes a decir de organizaciones civiles deberían estar en investigación o depuración.

Una posible causa del aumento, al menos en el caso Sinaloa, podría relacionarse con el avance de personal evaluado, debido a que en 2016 tenía en estatus de pendiente 3 por ciento de los resultados de exámenes y 7 por ciento de los certificados pendientes de renovar. No obstante, ni Gobernación ni el gobierno del estado han dado una explicación del particular.

En la revisión de los informes de años recientes los porcentajes y promedios son similares; igualmente aparecen en la cúspide de los más afectados Sinaloa, Veracruz, Baja California Sur y Nayarit, con niveles de reprobados hasta de 57 por ciento, agentes de procuraduría de Justicia de Sinaloa; 36 por ciento, personal de prevención y reinserción social de Veracruz; 41 por ciento de los agentes de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, y 42 por ciento de policías municipales de Nayarit.

Hay otros estados con alta incidencia de reprobados, como Tabasco, con 41 por ciento de los agentes de prevención y reinserción social. Igualmente, el 30 por ciento de los policías municipales de Guerrero y 32 por ciento de los agentes de Sonora, entre otros.

En el reporte de julio de 2016, del avance global de evaluaciones estatal y municipal, elaborado por el SNSP, se aplicaron exámenes a 329 mil 443 trabajadores en activo, de los cuales 31 mil 548 resultaron no aprobados y faltaba mostrar resultados de casi 10 mil elementos, así como 50 mil de certificados pendientes de renovar.

Ahora, en septiembre 2017, el mismo reporte da cuenta de 330 mil 806 evaluados en activo, es decir, apenas mil 363 elementos más que un año atrás; de estos, 31 mil 309 no aprobaron (9 por ciento del total); de 8 mil 73 el resultado está pendiente; de 5 mil 253 lo que está pendiente es la propia evaluación, y fue incluida una nueva clasificación de aprobados vigentes. En esta última condición se ubica 74 por ciento, es decir, 249 mil 961 elementos.

A nivel federal también hay rezagos. De 64 mil 990 evaluados a septiembre de 2017, 89 por ciento resultaron aprobados, 2 por ciento no aprobados; 8 por ciento pendientes de resultado, y uno por ciento pendiente de evaluación. El mayor número de elementos reprobados se ubica en el Instituto Nacional de Migración, con 7 por ciento; le sigue la Comisión Nacional de Seguridad y el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social igualmente con 2 por ciento y, al final, la PGR con 1 por ciento.