A poco más de un mes para que concluya el actual periodo de sesiones, en el Senado no hay avance en torno a los principales pendientes, entre ellos la ley de la Fiscalía General de la República, la reforma constitucional que elimina el pase automático de la PGR a ese organismo, las leyes en materia de seguridad, la de archivos y las modificaciones para endurecer las penas por robo de combustible.

Las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras se reunieron el 18 de octubre y se citaron para el próximo día 16, pero el único adelanto en la veintena de leyes agendadas es la de ingresos, ya aprobada.

El vicecoordinador del PT Morena, Miguel Barbosa, y el panista Ernesto Ruffo coincidieron en que deben aprovechar al máximo este periodo de sesiones –que concluye el 15 de diciembre–, pues después sólo le resta uno más a la Legislatura, del primero de febrero al 30 de abril del próximo año, pero será muy difícil llegar a acuerdos en pleno proceso electoral.

Muchos senadores estarán metidos de lleno en los comicios de 2018, ya sea que contiendan por otro cargo o que apoyen a alguno de los candidatos, comentó Ruffo, mientras Barbosa resaltó que se dificultarán los acuerdos entre los partidos para aprobar leyes.

En la reunión del 18 de octubre, los presidentes de las Juntas de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera, y de la Cámara de Diputados, Marko Cortés, compartieron una lista de 53 reformas pendientes en ambas cámaras y definieron una agenda mínima con temas urgentes, como eliminar el pase automático de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la nación, aprobar la ley que regirá a esta última y la legislación para sancionar el robo de hidrocarburos.

Por lo que toca al Senado, presentó como otras prioridades la ley general de archivos, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera (ley Fintech), reformas a la ley general de educación, para la reutilización de los libros de texto. Asimismo, la ley para dotar de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que interesa al Partido Acción Nacional en el Senado y a todos los grupos parlamentarios en San Lázaro.

La Cámara de Diputados, a su vez, enlistó entre sus prioridades la reforma constitucional para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y desaparecer los legisladores de representación proporcional, así como leyes en materia de violencia política de género.

También la ley de seguridad interior, que dará el marco jurídico para la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, con la especificación de que el Partido Revolucionario Institucional la impulsa.

No hay ningún adelanto en la agenda mínima que definieron las juntas, ni es viable que lo haya antes de la próxima reunión, originalmente programada para el 16 de este mes. En San Lázaro estarán metidos de lleno de el presupuesto de 2018 y en el Senado en el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).