Buenos Aires.

Mediante una resolución que contiene graves irregularidades, el juez argentino Ariel Lijo dispuso ayer la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, para lo cual utilizó una causa inexistente hasta el jueves, en la cual aludió a una posible asociación ilícita, con lo cual se justifican todas las detenciones preventivas de políticos y ex funcionarios del pasado gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández, quien advirtió que Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el gobierno y que está en grave riesgo la democracia.

Fernández, a quien le abren causas constantemente en un evidente esquema de persecución política que se extiende a sus ex funcionarios y familia como forma de extorsión, respaldó que se investigue con seriedad a cualquier funcionario, pero sostuvo que en el argumento judicial para detener a Boudou existe la posibilidad de obstrucción de la justicia; es infinitamente más aplicable al caso de la imputación del presidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino, que está silenciada a pesar de ser una estafa al Estado.

Nuevamente el gobierno demostró que se utilizan operativos de detención orquestados para ser transmitidos por televisión. Boudou estuvo el jueves en el juzgado, por otra causa sin pruebas, pero en vez de ser detenido ahí se le capturó en su domicilio, lo cual fue mostrado por los medios de forma degradante; lo sacaron de su casa descalzo.

Por su parte, Unidad Ciudadana (UC), que preside Fernández, senadora electa por la provincia de Buenos Aires, responsabilizó al gobierno del presidente Mauricio Macri de la embestida judicial contra dirigentes opositores.

Según el comunicado de UC, el plan del Ejecutivo consta de dos claros objetivos: por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general.

El comunicado sostiene que se está ante una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país, y recuerda que tan sólo en la última semana el Ejecutivo ha logrado correr de su cargo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios del año pasado, Luis Arias, juez en lo contencioso de La Plata, provincia de Buenos Aires. Gils Carbó anunció su renuncia hace dos días, después de acciones de persecución degradantes contra ella y su familia, y Arias fue injustamente suspendido y podría ser destituido.

El documento de UC denuncia amenazas a los representantes de los trabajadores. Este viernes el diario Clarín admite que Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar.

Lijo, el juez que dispuso la prisión de Boudou, es el mismo que investiga la causa del Correo Argentino, en la que están imputados Macri y su familia, como dueños de la empresa Socma, que tiene una deuda de 70 mil millones de pesos con el Correo Argentino y que el mandatario intentó autoperdonarse, señala el comunicado de UC.

Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. De hecho, por derivaciones de ese expediente renunció un procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del presidente.