El actual gobierno abrió la puerta de par en par al outsourcing en el país, a tal grado que actualmente 22.4 por ciento de los trabajadores en la Ciudad de México están contratados bajo esta modalidad; en Querétaro 22 por ciento y en Baja California Sur, 29.8 por ciento.

Antes de la reforma laboral que impulsó esta administración este tipo de tercerización estaba limitada, pero la flexibilización permitió, por ejemplo, que 23.2 por ciento de los trabajadores del estado de México estén bajo este esquema. La entidad donde más ha penetrado este modelo es en Quintana Roo, donde 40 por ciento de los empleados están subcontratados.

El informe de la Universidad Obrera: Derechos laborales; asignatura pendiente, del investigador Héctor Villar, plantea lo anterior y puntualiza que la reforma laboral que adoptó este régimen agudizó el hecho de que las empresas ya no contraten personal de manera directa, sino por conducto de terceros, y optaron por sistemas para disminuir sus responsabilidades patronales.

De esta forma, en la industria manufacturera se elevó la tercerización y otras formas que niegan estabilidad en el empleo, seguridad social y prestaciones, indicó el especialista y señaló que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía casi 740 mil trabajadores están subcontratados y anfrentan pobres condiciones laborales.

Aseguró que en la década pasada el outsourcing ha tenido un crecimiento de 34 por ciento a escala nacional.

El investigador también toca el tema del salario mínimo y señala que el monto actual de esta remuneración está muy lejos de alcanzar lo que plantea el artículo 123 constitucional, y hace ver que los factores de la producción están obligados a reflexionar sobre la armonización del texto constitucional con la realidad.

El análisis plantea como tema central que los derechos laborales en México son una asignatura pendiente, así como el tener un salario remunerador, los cuales son temas que deben ser sujetos a una revisión permanente.

Señala que otros países de América Latina, como Brasil y Chile, han logrado mejorar la calidad de ingreso y vida de los trabajadores. En cambio en México el poder adquisitivo ha ido en declive y alcanzar un salario remunerador parece inviable; la pobreza es lacerante; la concentración del ingreso en nuestro país es de las más elevadas del continente y se acabaron las políticas gubernamentales que apoyaban los ingresos de los trabajadores.

El Estado benefactor y tutelar ya no existe y en cambio los bajos salarios son un atractivo del país para captar inversiones, lo que ha menguado los derechos laborales de los mexicanos, concluyó.