En la Cámara de Diputados aún no se alcanza un acuerdo entre los partidos políticos ahí representados, alrededor del recorte a las prerrogativas que éstos reciben para sus tareas partidarias. Se convocó a la integración de una mesa de trabajo, a la cual no han contestado.

No obstante, la respuesta al entuerto promovido por la idea de terminar con el financiamiento público se enfoca en modificar la Ley Electoral, con el propósito de obligar a esas instancias a transparentar, informar puntualmente al Congreso y estar dispuestos a ser fiscalizados, para que los recursos del erario sean revisados totalmente por la Auditoría Superior de la Federación.

También se pondrá sobre la mesa un catálogo de castigos a los dirigentes de los partidos que incurran en violaciones a esa norma y en exceso de gastos.

Sobre el particular, César Camacho Quiroz, coordinador de la bancada del PRI, expuso que la modificación a la norma de los institutos políticos es el ideal para resolver el conflicto sobre el financiamiento, y esto tendría que ocurrir lo más pronto posible para que impacte en el presupuesto del año próximo.

“Depende primero de si hay reformas a la legislación de las prerrogativas; es decir, en el mundo ideal primero tendría que haber cambios a las reglas para que esto impactara en la elaboración del presupuesto (…), de suerte que ahora lo que debe imperar es la racionalización, la inteligencia y el direccionamiento de dinero de todos para ayudar a los damnificados”, adujo.

Tras la propuesta de los partidos –impulsada por el PRI y seguida por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aglutinados estos tres últimos en el Frente Ciudadano de tajo el financimiamiento público y obtener recursos en otras fuentes, y la consecuente reacción de especialistas y académicos sobre el riesgo de abrir la puerta a empresarios y el crimen organizado como patrocinadores de la política, en San Lázaro se llamó a la integración de una mesa de trabajo.

No ha habido respuesta, porque de inicio se plantea terminar con los privilegios y derroches que se han multiplicado en los institutos políticos. El incremento de gasto que se les ha otorgado es sustancial. No tienen obligación de rendir cuentas, los salarios de sus dirigentes son muy altos y hay opacidad en torno a esos recuersos. Se ha desvirtuado el propósito de que los utilicen para formar ciudadanía.

El riesgo que ven académicos y expertos en la probable aparición de dinero proveniente de grupos de interés (empresarios y del crimen organizado) en el financiamiento a partidos se entremezclan la impunidad, la corrupción y el desvío de recursos.

Por tal circunstancia, se pretende incidir en fortalecer la transparencia absoluta de los fondos y obligar a la austeridad y claridad, cuando se evidencia la infiltración de los grupos delincuenciales, y no hay una respuesta del Estado mexicano para acotarlo, refiere la convocatoria para trabajar en un grupo especial del Congreso.