Madrid.

Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, y ocho ex funcionarios del gobierno, fueron enviados a prisión provisional sin derecho a fianza, a excepción del cesado consejero de Empresa, Santi Vila, quien podrá salir en libertad si paga 50 mil euros de fianza. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela adoptó estas medidas al considerar que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

La magistrada dictó una orden de búsqueda y captura internacional, que será efectiva a partir de este viernes, contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro consejeros que se encuentran en Bélgica. Los cinco informaron ya que no comparecerán ante la justicia española por no tener garantías de un juicio justo.

El conflicto entre Cataluña y España entró ya en una fase puramente judicial y policial. El aparato de justicia del Estado español tiene abiertos tres grandes procesos en los que podría condenar hasta a 50 años de prisión a más de 20 dirigentes del movimiento independentista en la región autonómica, entre ellos Puigdemont y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

El frente judicial se desarrolla en dos tribunales: el Supremo, donde serán juzgados los seis diputados de la Mesa del Parlamento (que tienen fuero), quienes ya están bajo vigilancia policial y están citados a comparecer el 9 de noviembre. Por otra parte, la juez Lamela procesará en la Audiencia Nacional a 14 ex integrantes del gobierno catalán. Además, tiene abierto el caso contra los dos líderes civiles del movimiento de independencia, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente, y quienes se encuentran en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre.

En su auto de ayer, la magistrada española decidió enviar a la cárcel al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los consejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Santi Vila (Empresa) y Joaquim Forn (Interior). Los hombres fueron enviados a la cárcel de Estremera, en Madrid, y las dos mujeres a la de Alcalá Meco.

Lamela tomó la declaración de los nueve líderes catalanes, que sólo aceptaron contestar a las preguntas de sus abogados, con excepción de Santi Vila, que sí respondió a todo. Tras testificar permanecieron en dependencias judiciales a la espera de conocer la decisión de la magistrada, quien admitió la solicitud de la fiscalía y envió a todos a la cárcel.

La juez argumentó que a mayor gravedad de los hechos, más intensa cabe presumir la tentación de la huida. Agregó que los acusados pueden enfrentar condenas hasta de 25 años por el delito de rebelión, y de 15 años por el de sedición, así como entre ocho y diez años por malversación de recursos públicos.

La juez añadió que “cobra especial importancia el papel que todos los acusados desempeñaron desde sus cargos públicos para impulsar el proceso independentista en acciones que fueron meditadas, preparadas y organizadas durante más de dos años en que se incumplieron sistemáticamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, opuesto a la independencia de Cataluña.

Señaló también que los querellados tienen un poder adquisitivo que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. De hecho, Puigdemont y sus consejeros, Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comín y Lluis Puig se encuentran en Bélgica.

La juez emitió la orden de búsqueda y captura para Puigdemont y el resto de su gobierno. Todos ellos, incluidos los nueve que ya se encuentran en la cárcel, también deberán pagar 6.2 millones de euros en un plazo de tres días si no quieren que sus bienes sean embargados, el dinero se depositará en concepto de garantías ante eventuales responsabilidades por desfalco al erario.

En el caso de los seis diputados, el Tribunal Supremo decidió posponer su declaración para el 9 de noviembre, a petición de los propios acusados. Todos tienen ahora vigilancia policial.

Cataluña está intervenida por el gobierno español desde el viernes pasado, cuando entró en vigor el artículo 155 de la Constitución, que significó el cese de todo el gobierno catalán, la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre.

Como era de esperarse, el encarcelamiento de los líderes políticos catalanes provocó un profundo malestar en el independentismo, pero también en otros partidos del arco parlamentario.

Puigdemont habló desde Bélgica con la televisora pública catalana TV3 para advertir: nos espera una represión larga y feroz. Tenemos que combatir esta situación como lo hacemos los catalanes, sin violencia, en paz. Mi apoyo y calor a todas las personas que ven atónitas la situación. Lo tenemos que combatir sin violencia. Como presidente legítimo exijo la liberación de los consejeros. Los encarcelamientos son un acto contra elecciones que se desarrollarán en un clima de represión sin precedente. Es un gravísimo atentado a la democracia. El gobierno español ha renunciado a la democracia.

Los ex funcionarios del gobierno catalán dejaron escritos mensajes antes de ser detenidos; Junqueras, máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya, quien llamó a la ciudadanía a seguir luchando para que el bien venza al mal.

El mensaje del hasta hace poco vocero del gobierno, Jordi Turull, indicó: He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de quienes me eligieron como representante del pueblo de Cataluña, al presidente, al gobierno y al Parlamento. Por favor, dediquen todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña. Tengo toda la confianza y la esperanza en el pueblo catalán. Él no ha fallado nunca y ahora tampoco lo hará. Blanca, Laura, Marta, padres, hermanos y amigos, no sufran por mí. Estoy bien porque estoy convencido de lo que he hecho, que no es un delito ni he dañado a nadie. Viva la democracia. Viva Cataluña.

Desde la Candidatura de Unidad Popular y las organización secesionistas se exigió una huelga general y de acusó al Estado español de fascista e irracional.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (independiente, pero cuya formación es cercana a Podemos), calificó la decisión de despropósito jurídico y de gravísimo error político en un día negro para la democracia y para Cataluña, por lo que llamó a formar un frente común de partidos, entidades, colectivos y de todo el catalanismo político con el fin defender la cohesión, reclamar la libertad y la amnistía de los presos y parar la aplicación del artículo 155.

En un sentido parecido se expresó el líder de la coalición Unidos Podemos, Pablo Iglesias, quien advirtió: Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad a presos políticos.

El Partido Nacionalista Vasco hizo un llamado al cese inmediato de la judicialización política, calificó el actuar de los jueces de desproporcionado y exigió la dimisión inmediata del fiscal general, José Manuel Maza.

Las agrupaciones unionistas, es decir, el gobernante Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos expresaron respeto a las decisiones de la justicia, que es un poder independiente, a la vez que recalcaron que se actuó en función de la legislación española.