Chilpacingo, Gro.

Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que atiende a los desplazados por la violencia en Coyuca de Catalán, advirtió que el problema no se resolverá a corto ni a mediano plazo.

Señaló que mientras haya grupos de la delincuencia organizada activos, la expulsión de pobladores, los asesinatos y desapariciones seguirán siendo cotidianos.

Refirió que los desplazamientos forzados en ese municipio se originaron en 2011 por la disputa del territorio que abarca La Laguna, Los Ciruelos y Hacienda de Dolores, entre otros poblados.

Su objetivo inicial era explotar madera en La Laguna, anexo del ejido Los Huajes de Ayala. La lucha por la explotación de recursos forestales y el control de territorios obligó a muchas familias a huir, recordó.

Al gobierno no le interesa esta situación. Siempre ha intentado invisibilizarla para no cumplir con su responsabilidad de atender a las familias afectadas.

Las autoridades no tienen un registro de personas en esta condición. Por ello, quienes abandonaron sus lugares de origen quedaron en la indefensión.

Recordó que en 2014 se aprobó la Ley 487 de prevención y atención a los desplazamientos internos. De acuerdo con los estándares internacionales, antes de que se creara esa ley el gobierno tenía la obligación de atender a estas familias, de garantizar su derecho a educación, salud, vivienda y empleo, pero no ha cumplido con nada, sostiene.

Han sido damnificados históricos de la inseguridad, porque huyeron de sus comunidades para salvar la vida, subraya.