Agrupaciones de taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) promoverán amparos contra la multa de 26 millones de pesos decretada por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) por cobro excesivo a los usuarios.

Representantes detallaron que cada agrupación recurrirá a la protección de la justicia de manera particular.

En entrevista, Carlos Tepale, de la concesionaria Nueva Imagen, expresó que la Cofece no se basó en pruebas, sino sólo en percepciones y que el estudio de costos que elaboró un consultor para definir las tarifas en la terminal aérea están por encima de lo que realmente cobramos.

Indicó que, por ejemplo, el costo del viaje más barato es de 135 pesos y de la terminal a las pirámides se cobran más de 600, agregó que entre cada una de las cinco agrupaciones hay una diferencia de alrededor de 10 pesos por destino.

Nueva Imagen cuenta con 750 conductores, 350 permisionarios y 200 empleados administrativos.

Calculó que las autoridades utilizan a la Cofece con la intención de que ingresen al AICM los automóviles que ofrecen servicio de transporte individual mediante aplicaciones móviles, que en la actualidad hacen base de manera irregular en la periferia del aeropuerto y que han provocado una reducción hasta de 40 por ciento en los ingresos de mil 800 taxistas autorizados.

“Las tarifas que aplicamos –reiteró– están justificadas de acuerdo con los montos establecidos por el estudio. Las empresas de aplicaciones cobran más barato porque no pagan revista, placas y tarjetón, entre otros permisos y trámites.”

Por separado, varios operadores coincidieron en señalar que la investigación de la Cofece por presuntas prácticas monopólicas se basa en una denuncia de la empresa Servicios de Excelencia, que en 2014 tenía un adeudo de 140 millones de pesos con el aeropuerto por dejar de pagar contraprestación, mientras otros sitios desembolsan mensualmente más de millón y medio por contraprestaciones y módulos de venta de boletos, y que en caso de que dejen de pagar dos meses le aplican una rescisión de contrato. Si las autoridades quieren permitir la entrada de los servicios de plataformas digitales el trato tiene que ser parejo para todos, sentenciaron.