ada día las niñas y mujeres mexicanas enfrentan desafíos para ejercer de manera plena y efectiva sus derechos humanos más básicos. Las estadísticas son contundentes, 66 por ciento de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida; de las mujeres trabajadoras, 29 por ciento sufrieron actos de discriminación (1).

Transformar esta realidad es una obligación de las y los servidores públicos, en el ámbito de sus atribuciones, como disponen los artículos 1º y 4° de la Constitución, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Estos avances legislativos deben reflejarse en el diseño y ejecución de las acciones de gobierno y las políticas públicas. Por ello, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad), se establecieron estrategias para concretar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuesto de cada uno de los programas, acciones y políticas emprendidas por este gobierno para alcanzar la igualdad sustantiva.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha integrado esta concepción en su labor cotidiana, organización y funcionamiento. Así, en enero de este año se creó la Dirección General de Igualdad de Género, cuyas acciones se guían por el Plan de Trabajo Institucional y cuatro ejes estratégicos en la materia: paridad, conciliación vida personal-laboral, combate a la violencia y discriminación de género y utilización de lenguaje incluyente y no sexista.

Para impulsar la conciliación y las condiciones de igualdad entre la vida personal y laboral al interior de la SFP, se han emprendido diversos pasos, como el otorgamiento de licencias de paternidad, el establecimiento de un lactario, así como facilidades para acceder a servicios de guardería.

Por otra parte, en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se ha promovido la paridad en las distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF).

Para incentivar la generación, aplicación y promoción de acciones y estrategias que impulsen la institucionalización de la igualdad sustantiva, la SFP e Inmujeres instauramos el Premio a la Cultura de la Igualdad de Género en la Administración Pública Federal Amalia Castillo Ledón.

Asimismo, se ha definido una política de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual y se ha trabajado en la armonización de los instrumentos tendentes a eliminar la discriminación, violencia de género, hostigamiento y acoso sexual, por medio de acciones de difusión, capacitación, atención y seguimiento, entre las que destacan la divulgación de material sobre violencia familiar, laboral y docente, y la implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2016.

Institucionalizar la perspectiva de género y, con ello, dar pasos firmes hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es una labor en la que la Secretaría de la Función Pública avanza con acciones que darán frutos a corto, mediano y largo plazos, para lograr el pleno desarrollo de las mujeres y los hombres en nuestro país.

*Titular de la Secretaría de la Función Pública.

1.- Inegi: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.