Buenos Aires.

Una multitud acompañó este miércoles a la familia de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo se encontró el pasado 17 de octubre en un río en la zona de Esquel, Chubut, después de estar desaparecido 80 días, a partir de la represión de la gendarmería a un pequeño grupo de mapuches que protestaban bloqueando una carretera, a los que el joven acompañaba, y demandaron saber qué sucedió y quiénes son los responsables, pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

También exigieron saber quienes son los responsables de entorpecer y encubrir las razones de su desaparición y su muerte, y advirtieron que no contarán con su persona para sembrar odio y división.

Esta es la cuarta marcha que se realiza desde el pasado 1 de agosto cuando Maldonado desapareció después de la represión en el Pu Lof de resistencia de Cushamen, Chubut.

Los familiares de Santiago Maldonado habían publicado un comunicado en el que expresaban su dolor por la acción de funcionarios del gobierno que los maltrataron e investigaron, ayudados por medios masivos de comunicación afines al gobierno del presidente Mauricio Macri, en momentos en que hablan de que el joven se ahogó, cuando aún no se conoce el resultado de los peritajes y de los estudios complementrarios.

Se han conocido opiniones de expertos sobre que ese cuerpo no estuvo sumergido en el río, que apenas tiene un metro y sólo sube a un metro 40 cuando hay deshielo en las montañas.

El hermano de la víctima, Sergio Maldonado criticó a los medios comerciales que se encargaron de mentir impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas, y sostuvo que la familia mantuvo desde el comienzo como único reclamo saber la verdad y obtener justicia sin distinciones partidarias y especulaciones electorales, como quieran instalar.

A cada persona, cada organización social que colaboraron en la organización y difusión de cada convocatoria y han apoyando esta lucha, agradeció Sergio, ante los manifestantes, donde estaban organismos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda.

Fue conmovedor el recibimiento de todos a la familia , y entre estos estaba Alberto Santillán, padre de Darío, un joven asesinado por la policía en la estación de Avellaneda el 26 de junio de 2002.

Acompañamos el sufrimiento y queremos que tengan justicia todas las víctimas de desaparición en democracia, reclamó Sergio acompañado por su esposa, por Taty Almeyda, de Madres Fundadoras de Plaza Mayo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y otros representantes de derechos humanos, ante los cuales destacó que sin el respaldo popular que presionó al Poder Judicial y al gobierno nacional para avanzar en la causa, no se hubiera logrado llegar a este momento.

Recordó asimismo es que la última imagen de Santiago es en el momento que huye de la represión ilegal, contra los mapuches de Cushamen , responsabilizando a la Gendarmería. Sostienen que seguirán buscando la verdad por sobre los intentos de encubrirla, que se advierte en varios funcionarios que dependen del Ministerio de Seguridad.

El tema no está resuelto y hay muchas contradicciones en los funcionarios que le quitan la responsabilidad al Estado, sostuvo De Carlotto, al tiempo que -sin dar nombres- los señaló como los promotores de las versiones que indican que el joven tatuador murió ahogado como si fuera que alguien se sumerge en un río (por voluntad propia) y se ahoga. En absoluto fue así.

Justicia burlada

La Cámara de Casación Penal Federal anuló la sentencia del tercer juicio de lesa humanidad que se desarrolló en la provincia de Jujuy, en este caso de lo resuelto sobre el ex militar Horacio Marengo, fue condenado en julio de 2015 a 12 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos cometidos en el marco del plan de terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

En este fallo se dispone absolver a Horacio Domingo Marengo de la totalidad de los hechos por los que resultara condenado y ordenar su libertad y anular las penas impuestas a Juan Carlos Pugni, Osvaldo Jorge Chaparro, y otros ocho militares y policías.

No es la la primera vez que Casación hace esto, pero sí es la primera vez que lo hace en Jujuy. Pero anular los fallos y dejar en libertad a los condenados es un signo de la época, dijo María José Castillo, abogada querellante que actuó en ese proceso, y sostuvo que la decisión sienta un precedente gravísimo. Las víctimas están en riesgo porque esas personas, captores sanguinarios que han sido capaces de torturar y matar, están por ser liberados.

Aseveró que esto es peor que el dos por uno que es para detenidos con prisión preventiva, pero estos son condenados que tuvieron su juicio justo y ahora son dejados en libertad.

En estas horas se conoció un video en que la diputada electa por Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires Elisa Carrió afirmó que se proponía revisar los juicios contra los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura y volver a su proyecto de que todos vayan a cumplir prisión domiciliaria.