La violencia es causa y consecuencia de la migración, lo que coloca a las personas en riesgo de alta vulnerabilidad, señaló el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón.

En el foro El Impacto del crimen organizado en la migración, organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el funcionario indicó que los delitos y abusos contra los migrantes que viajan a través de México siguen ocurriendo a niveles alarmantes, y los albergues han observado un grado más intenso de violencia en los casos que documentan.

Habló de casos como el ocurrido hace siete años en San Fernando, Tamaulipas, donde murieron 72 migrantes, quienes, subrayó, se han convertido en claro y doloroso ejemplo de violencia contra este sector. Aseguró que se les han brindado diversas medidas de ayuda asistencia y atención a las familias de las víctimas.

Además, informó que trabajaron con El Colegio de México en la investigación En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, documento que arrojó que falta mucho para proteger a las personas que migran hacia, desde y dentro de México.

Por otra parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denunció que la CEAV se negó a reconocer la calidad de víctimas del desplazamiento interno forzado por violación a sus derechos humanos a más de 60 personas que forman parte de la familia Ponce Ríos,

Lo anterior, aun cuando en 2013 dicha familia tuvo que abandonar su lugar de origen luego de que varios de sus miembros fueron secuestrados, asesinados y perseguidos en Chihuahua.

Sostuvo que desde 2014 se solicitó que se les reconociera condición de víctimas de estos delitos; sin embargo, luego de dos años la CEAV emite una resolución en la que les niega este derecho y argumenta que se debe, a la falta de elementos, con lo cual se revictimiza a los afectados.