Agobiada por escándalos de financiamiento ilícito y empeñada en acotar el peso del dinero en las campañas, América Latina ha introducido cambios sustanciales en los años recientes para reducir la dependencia del financiamiento privado y avanzar en una creciente presencia de recursos públicos en la política. Aunque aún distantes del modelo actual mexicano, esta ruta se ha seguido en aras de dotar de mayor equidad y transparencia a las contiendas electorales en la región.

Hay una consistente tendencia para consolidar las democracias latinoamericanas mediante reformas en los pasados 10 o 15 años, a efecto de limitar el financiamiento privado y, vinculado a ello, reducir los riesgos de que por esta vía se introduzcan recursos de procedencia ilícita que incidan en las campañas, señala Carlos Navarro, especialista y actual director de Estudios y Proyectos Internacionales del Instituto Nacional Electoral (INE).

‘‘Los flujos de dinero por el ámbito político pueden amenazar valores democráticos claves. Los políticos se vuelven menos receptivos y responsables ante los votantes cuando están demasiado vinculados a los financistas, y la igualdad en la competencia se desvirtúa si el acceso a los fondos se convierte en un factor determinante’’, sostiene Magnus Ohman en un reciente estudio del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

A contracorriente de algunas propuestas recientes en México para desmantelar el esquema de financiamiento público de los partidos y las campañas, los cambios en América Latina han colocado un mayor peso en los recursos públicos, aunque concentrado principalmente en dinero para las contiendas, ‘‘pensando en asegurar la independencia de los partidos y candidatos para que no sean rehenes de los intereses económicos’’, subraya Navarro. Se busca mayor equidad y rendición de cuentas.

Hasta ahora, sólo en México existe un esquema público de sufragar a los partidos tan amplio que no sólo abarca las campañas políticas –como en el resto de los países de la región–, sino también para sufragar el gasto ordinario de los partidos. Las reformas han estado encaminadas a las campañas, donde se perciben los mayores riesgos de recursos ilícitos cuya diversificación –advierte Navarro– va más allá de la pretensión de las corporaciones de incidir en las contiendas, ya que involucra otros factores como el narcotráfico.

Esta amenaza ha generado que sea Colombia uno de los países con mayor presencia del crimen organizado y donde mayores cambios se han realizado en favor de priorizar que el dinero sea predominantemente público en las campañas electorales.

Los avances en las reformas, apunta Navarro, obedecen en parte a las capacidades de las haciendas públicas estatales y al inevitable cuestionamiento sobre la reducción en los costos de las campañas, aunque en muchos casos los subsidios son otorgados una vez concluidas las contiendas y en función de los votos obtenidos.

A pesar de que los cambios han proscrito las donaciones anónimas en toda la región, el caso Odebrecht ha impactado al menos nueve países. Se une a escándalos históricos en América Latina: Fernando Collor de Mello, en Brasil; Ernesto Samper, en Colombia; Abel Pacheco, en Costa Rica, o Arnoldo Alemán, en Nicaragua.