os meses antes de concluir el sexenio del becario de Harvard, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, divulgó una evaluación sobre el estado en que se encontraban los atlas de riesgos de las entidades federativas. Ninguna lo tenía al día y cinco ni siquiera iniciado su elaboración: Tabasco, Sinaloa, Durango, Quintana Roo y Baja California Sur. Según el Cenapred, no contaban con la información requerida sobre las consecuencias desastrosas que pueden ocasionar fenómenos naturales o acciones producidas por el hombre. Es imperdonable que Tabasco y Quintana Roo carecieran de dicho atlas si el primero cada año se inunda por las lluvias y en Quintana Roo los huracanes dejan daños por doquier.
Esas dos entidades recibieron en el sexenio del licenciado Calderón suficientes recursos fiscales para elaborar sus atlas. En Tabasco hasta para que el ex gobernador Andrés Granier se enriqueciera junto con su familia, colaboradores y amigos. Igual en Quintana Roo, donde el ex gobernador Borge, cercano al presidente Peña Nieto, está en una cárcel panameña en espera de su extradición a México, por los robos que cometió durante su mandato. Agreguemos otro amigo, el señor Duarte, el de Veracruz.
Baja California Sur tampoco tenía en 2012 un atlas de riesgos. Dos años después padeció en la exclusiva zona turística de Los Cabos los efectos del huracán Odile, que dejó daños importantes en hogares, hoteles y servicios conexos. A lo mejor los gobernadores de esa entidad piensan que los huracanes tienen prohibido acercarse a ella.
Hace cinco años los estados que más habían trabajado en elaborar sus atlas eran Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y el estado de México. Mientras Baja California, Coahuila, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Chiapas reportaban un avance básico
en ese importante instrumento de protección y prevención de desastres. Salta la duda de si solamente los tenían de adorno, pues bien se sabe cuánto daño dejan en esas entidades los huracanes. Y los temblores, como en septiembre pasado en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
Queda la duda de la calidad de los atlas elaborados y los que, a lo mejor, se terminaron en el actual sexenio al ver, por ejemplo, el elevado número de escuelas públicas inservibles por esos sismos. Hasta una de las sedes del Tecnológico de Monterrey tuvo daños. Y cuando se necesitan más de 11 mil millones de pesos para reparar los destrozos causados por los temblores en casi 900 inmuebles artísticos, históricos y culturales.
Según el Cenapred, los atlas estatales de riesgo y el que abarca a todo el país, evalúan 28 distintos escenarios. Entre ellos los peligros ante sismos, inundaciones, huracanes, residuos peligrosos, accidentes carreteros y químicos, tuberías de transporte de hidrocarburos. Y sirven para que desde las instancias oficiales se tomen medidas oportunas y efectivas que mitiguen sus efectos en la población, la infraestructura pública y privada y las actividades económicas.
Además, el Atlas nacional de riesgos en teoría puede ser consultado por la población y está a disposición de las autoridades locales a fin de que sepan de los posibles impactos que puede ocasionar un posible desastre, las obras para evitarlos, las rutas de evacuación, la capacidad de los albergues y el personal disponible para atender una emergencia.
Todo perfecto. Pero tengo varias dudas: 1) el personal que concede las licencias de construcción del mobiliario urbano público y privado ¿es el idóneo en la materia?; 2) ¿son informadas las empresas constructoras sobre las áreas críticas en cuanto a riesgos?; 3) ¿personal calificado del gobierno ejerce estricto control sobre dichas obras para que cumplan con los requerimientos técnicos contra sismos e inundaciones?, y 4) ¿recibe la población oportunamente esa información a fin de salvaguardar su vida y sus bienes?
Si nos atenemos a las tragedias que dejaron los sismos recientes o las inundaciones en la cuenca de México, no se cumple lo que recomiendan los atlas. A estos los destrozan la corrupción y la impunidad de funcionarios y empresas constructoras.
