El amparo concedido por un juez a la comunidad de Milpa Alta y otros pueblos y núcleos agrarios del sur de la Ciudad de México (CDMX) podría tener alcances históricos. En controversia con el gobierno de la capital, los pueblos originarios consiguieron el reconocimiento de su derecho a ser consultados sobre cualquier decisión o política pública que los afecte a ellos o a sus territorios legítimamente reconocidos en su condición de pueblos originarios, con apego a las garantías establecidas en la legislación internacional y nacional.

El texto del amparo en revisión, concedido por el juez José Luis Benítez Luna a los indígenas el 16 de agosto, y recibida por éstos el 19 de octubre, dice a la letra: El efecto de la tutela es para que la autoridad reconozca que los quejosos, como integrantes de pueblos originarios de la Ciudad de México, son titulares del derecho a la consulta previa y que debe garantizárseles de manera plena cuando pretenda emitir cualquier programa o política pública que los involucre y pueda tener aplicación en sus territorios, incluso cuando conlleven la autorización y asignación de fondos de apoyo para la conservación y restauración de los ecosistemas a través de la participación social, como los establecidos en el acto reclamado.

Este reclamo es contra la orden del jefe de Gobierno para que la Secretaría de Medio Ambiente modificara en 2015 el Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de Ecosistemas (Proface). Los cambios unilaterales fueron emitidos, aprobados, publicados y aplicados sin escuchar los reclamos de los pueblos originarios. De inmediato, los nueve pueblos de la comunidad de Milpa Alta decidieron ampararse, refiere a La Jornada la Comisión Jurídica de la Representación de Bienes Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos.

Y no sólo ellos. Se les sumaron decenas de pueblos originarios de Xochimilco, el sur de Tlalpan y de Cuajimalpa. En su totalidad, los pueblos quejosos poseen y habitan 59 por ciento de la superficie de la CDMX, buena parte fuera de la megaurbe, la cual ocupa el restante 41 por ciento. Más de 87 mil hectáreas de la CDMX son suelo de conservación. El suelo urbano ocupa 60 mil.

Toda una cara de la ciudad que ni los propios capitalinos tienen en mente, a pesar de ser indispensable para la alimentación y la oxigenación del aire de una de las regiones menos transparentes del mundo. Sólo Milpa Alta posee una reserva boscosa de conservación más grande que cualquier delegación del centro y el norte de la CDMX; ello sin contar que las 18 mil hectáreas de la comunidad son mayoritariamente rurales y muy productivas.

Comercio de legumbres en Milpa AltaFoto Carlos Ramos Mamahua

Dejaron de ser escuchados por el gobierno capitalino

No debe olvidarse que Milpa Alta presentó una controversia constitucional contra la nueva Constitución de la CDMX, que fue sobreseída por un juez. Actualmente el caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el marco legal recientemente proclamado para la capital ignora derechos fundamentales de los pueblos originarios.

El equipo de representación legal de Milpa Alta repasa las relaciones de los indígenas con los gobiernos capitalinos desde que se instauró la democracia, en 1997. Desde el inicio hubo respeto, de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles hasta incluso Marcelo Ebrard. Los gobiernos democráticos iban tomando en cuenta a los pueblos originarios. Con la llegada de Miguel Ángel Mancera se transformaron unilateralmente programas establecidos para facilitar a la iniciativa privada a participar en la protección ecológica y en la inversión en nuestros territorios.

En 2000, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó un programa general de ordenamiento del Distrito Federal, que los representantes de Milpa Alta valoran hoy como positivo, pues cumplía las leyes internacionales y respetaba nuestros derechos. En 2004 se crea la ley para la retribución de servicios ambientales en suelos de conservación ecológica. Esta primera etapa, hasta 2012, propiciaba la construcción de marcos jurídicos y programas armónicos con los pueblos agrarios e indígenas, entre los que destaca el Proface.

En 2013, la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, pretendió desconocer los programas de conservación, para controlar las brigadas de cuidado ecológico, profesionalizarlas, añade el equipo jurídico de Milpa Alta; sólo aquí existen 19 brigadas comunitarias de gran eficacia. Implicaba quitar a los pueblos el control sobre sus territorios. Los pueblos del sur nos unificamos contra la intervención privada y para demandar la intervención de los pueblos en los proyectos que los involucran.

En 2014 el gobierno de la CDMX modifica el Proface sin consultarnos, y en 2015 lo vuelven a hacer; permite la inversión privada para el aprovechamiento sustentable del territorio, que es nuestro, y no respetaron los derechos como propietarios tanto comunitarios como a título individual. Los pueblos acudieron a la Asamblea Legislativa, que les hizo promesas que no cumplió.

Con este amparo ganado dimos un paso importante en nuestra lucha. Es un blindaje jurídico que haremos valer, concluye el equipo legal de Milpa Alta.