Madrid.

Un día después de la histórica jornada en la que Cataluña se convirtió en el foco de la actualidad internacional la confusión continúa. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, hasta ayer presidente y vicepresidente de la Generalitat y líderes destacados del movimiento separatista, anunciaron en declaraciones públicas que no acatan su cese por parte de las autoridades españoles e hicieron un llamado a la sociedad civil a mantener la resistencia pacífica y democrática.

Mientras, en Madrid, el Ejecutivo del derechista Mariano Rajoy asumió el control del aparato administrativo catalán y concretó las primeras medidas ejecutivas de calado; entre ellas delegó en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, las funciones de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y cesó al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Luís Trapero, quien se despidió con una carta en la que asumió la orden e instó a sus compañeros a respetar a la nueva autoridad.

En menos de 24 horas, el Parlamento catalán declaró la independencia unilateral y el nacimiento de un nuevo Estado en forma de república, anuncio que fue recibido con júbilo por los más fieles simpatizantes del independentismo. Pero, sólo unas horas después, el gobierno español, en virtud de las atribuciones otorgadas por el Senado en una histórica votación, en la que se autorizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución –inédito hasta ahora desde 1978– firmó cuatro decretos presidenciales con los que destituyó al gobierno catalán, cerro las oficinas más importantes de la Generalitat –incluidas sus delegaciones extranjeras, también la de México–, disolvió el Parlamento catalán y convocó a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.

Cataluña dejó su condición de autonomía del Estado español para convertirse en una nueva república para que, unas horas después, desde Madrid se derogara cualquier iniciativa en esa dirección, al tomarse el control del gobierno catalán y dar por finalizada la legislatura catalana para dar paso a un nuevo periodo electoral.

Confusión creciente

Todo esto en medio de una confusión creciente; mientras los más entusiastas del secesionismo siguen celebrando la llegada de la nueva república en plazas y calles de la región, y sus líderes insisten en no reconocer la legalidad impuesta por el Estado español, en Madrid y en buena parte de los partidos políticos catalanes, y de la propia policía autonómica, asumieron que ahora el gobierno de la Generalitat está en manos del Ejecutivo español. En concreto de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien por designación de Rajoy será la máxima autoridad en la región hasta que se constituya un nuevo Parlamento y, por tanto, un nuevo gobierno.

Para añadir más confusión, el presidente cesado, Puigdemont, emitió un mensaje grabado por la televisión autonómica catalana (TV3), que se emitió mientras él paseaba por las calles de Girona, su ciudad, donde recibió el respaldo público de decenas de vecinos.

En su mensaje, Puigdemont se negó a reconocer la autoridad y la legitimidad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y anunció que resistirá hasta el final.

Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, al tiempo que reclamó una oposición democrática.

Seguiremos trabajando para construir un país libre y para garantizar una sociedad que tenga menos injusticias, más igualdad, más solidaridad y más fraternidad con todos los pueblos del mundo, empezando por los pueblos de España. No tenemos ni queremos la razón de la fuerza. Nosotros no. Os lo pido convencido de que esta demanda es la que espera todo el mundo, también fuera de nuestro país, dijo al finalizar su intervención.

En términos similares se expresó el vicepresidente cesado, Junqueras, quien afirmó que todos son y tienen que ser conscientes de las dificultades que les han puesto y les pondrán, pero los grandes retos siempre exigen esfuerzo y perseverancia.

Por lo que pidió a los más convencidos que acompañen especialmente a aquellos que tienen dudas e inquietudes, con serenidad, humildad y respeto. En la misma línea se manifestó el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Tardá, quien advirtió que en los próximos días, defender la república quiere decir mantener serenidad, no caer en ninguna provocación de los violentos y apoyar al Govern en todo lo que haga falta.

Sugieren amplia coalición

A la confusión sobre quién tiene la rúbrica del gobierno en Cataluña se sumaron otras afirmaciones que generaron aún más dudas en la población. Como la de la diputada autonómica de Podemos, Angels Martínez, quien afirmó: Puigdemont es el presidente de la República Catalana, con lo que dio por válida la votación del viernes, la cual fue rechazada por la mayoría de su grupo y de los líderes nacionales, que consideraron que carecía de la legitimidad necesaria.

El líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante, también sugirió que la formación se plantea si participaría en las elecciones autonómicas convocadas por el gobierno central, ya que estosupondría dar validez a la aplicación del artículo 155. Incluso sugirió que podrían concurrir a los comicios, pero en una amplía coalición con el resto de fuerzas independentistas.

Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno español, una vez que cada ministerio se hizo cargo de las respectivas carteras de la administración catalana, fue la destitución del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Luís Trapero, con el argumento de que enfrenta una querella judicial por el delito de sedición.

Fue remplazado en el cargo por su mano derecha y segundo de a bordo, Ferrán López, quien asumió el puesto a instancia del ministro del Interior español, José Ignacio Zoido.

Trapero acató la decisión y se despidió de sus compañeros con una carta en la que les instó a apoyar a las nuevas autoridades emanadas de la intervención española.

El gobierno no va a valorar las palabras de este sábado de Puigdemont, quien no se ha dado por destituido como presidente de la Generalitat, pero le ha recordado que está cesado a todos los efectos, por lo que desde este momento la calificación de sus conductas corresponde al ámbito judicial.

El vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que actualmente Puigdemont, Junqueras y el resto de sus consejeros y altos cargos que fueron cesados no tienen competencia ni poder alguno para adoptar decisiones que afecten a las instituciones catalanas.

De hecho, explicó que desde España ya se está trabajando para recuperar la normalidad institucional y democrática de las instituciones catalanas y que, con la vista puesta en los comicios, no le parecería mal que se presentaran como candidatos los actuales dirigentes del movimiento independentista. Al margen, se refirió a los problemas que tienen con la justicia, los cuales deberán resolverse en los tribunales.

La Fiscalía General del Estado presentará esta semana una querella ante el Tribunal Supremo por el delito de rebeldía contra el pleno del gobierno catalán cesado y la Mesa del Parlamento, incluida su presidenta Carme Forcadell, cuyas penas podrían alcanzar los 30 años de cárcel.

Este domingo está convocada una manifestación por la unidad de España y Cataluña en Barcelona, que se prevé será masiva y que está respaldada por los tres partidos unionistas de la región: Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista de Cataluña, además de las plataformas civiles que apuestan por mantener el statu quo.